Lo adelantó a finales de enero la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Eva Ortiz, cuando dijo que habría «alguna sorpresa» contra el Consell de Ximo Puig, y parece que esas «sorpresas» empiezan a estallar en las mismas tripas de Compromís.
La denuncia ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso ABC, sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación.
«Mónica Oltra se ha dedicado al fraccionamiento ilegal del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de Intervención».
«Entre las prácticas habiuales está el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».
La aceptación a trámite de la denuncia, adelantada por el diario El Mundo, abre un plazo máximo de medio año para que el Ministerio Público determine si deriva el caso a un juzgado.
El PP señala en su denuncia que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, ha fraccionado contratos por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en el caso de servicios) para dar cobertura al servicio de limpieza de centros especializados de atención a mayores de localidades como Catarroja, Ontinyent o Sagunto. De esa forma, se han evitado los concursos públicos.
En un escrito, firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, de 29 de enero, se acuerda incoar diligencias de investigación penal.
Los pagos por la vía del enriquecimiento injusto tampoco están permitidos en este tipo de contratos. El portavoz de Economía del grupo popular en las Cortes Valencianas, Luis Ibáñez, ya afeó esta conducta a Oltra durante un pleno del Parlamento.
Con este método de contratación, reprochado por la Intervención de la Generalitat, la Consellera evita la licitación del contrato por el procedimiento abierto y determina qué empresa presta los servicios de forma directa y sin concurrencia.
Al respecto, la denuncia señala que «de forma sistemática, se viene acordando por la Vicepresidenta y Consellera de Igualidad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque, el reconocimiento de la obligación de pago en vía de enriquecimiento injusto a las sociedades mercantiles de habitual contratación de su departamento, cuando o bien no se ha iniciado procedimiento alguno para contratar conforme a lo legalmente dispuesto, o bien la Intervención informa desfavorablemente la relación contractual».
«Práctica reiterada»
Según consta en la denuncia, firmada por la vicesecretaria general del PPCV, Eva Ortiz, «es práctica reiterada de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atender el pago de los servicios de los que requiere con carácter ordinario y recurrente mediante el reconocimiento de la situación de enriquecimiento injusto». Los expedientes adjuntados suman pagos con este método por 43,7 millones de euros.
De este modo, continúa la denuncia, «la Conselleria puede evitar la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto, sirviéndose así de decidir de modo directo y plenamente arbitrario a la empresa que haya de prestar el servicio, atendiendo a criterios que se desconocen».
La denunncia señala que Oltra ha acordado el reconocimiento de la obligación de pago en vía de enriquecimiento injusto a mercantiles de habitual contratación de su departamento hasta sumar 43,7 millones de euros y lo ejemplifica con 16 expedientes con importes que oscilan entre los 369.830 euros hasta los 7,8 millones, que han sido autorizados por el Consell en distintas sesiones plenarias.
La Fiscalía ha cumplido esta semana el trámite de abrir diligencias de investigación. Junto a Oltra, la denuncia del PP se dirige contra el subsecretario de la Conselleria, Francesc Gamero; José Aurelio Carrión, subdirector general de Envejecimiento Activo; Isabel Serra Marco, Directora Territorial en Valencia de la Conselleria; y Mercé Martínez i Llopis, Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia.
El PP pide el interrogatorio de los funcionarios de la Intervención de la Generalitat que han fiscalizado los acuerdos objeto de los hechos y de quienes han tenido participación directa en ellos, entre ellos de la propia vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno valenciano presentes en los plenos del Consell que autorizaron pagos por enriquecimiento injusto relativos a servicios prestados por la Conselleria de Igualdad.
Réplica de la Conselleria
Ante la denuncia del PP admitida a trámite, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha replicado que «ninguno de los expedientes a que se refiere puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención de la Generalitat, dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador ni se contabiliza, ni se paga».
Asimismo, el departamento que dirige Mónica Oltra sostiene que «es falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización porque estos gastos pasan por la Intervención General».
«Los resarcimientos que se han tramitado -sigue la nota- lo son por servicios respecto de los cuales se ha finalizado el contrato sin que haya dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso público y en concurrencia continúan prestando los mismos. Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atención a personas».
