Los jueces y la pandilla, toda una mezcla de desprestigio y de casta enrocada en la política.
El 28 de julio de 2025, el responsable del SUGC y miembro del colectivo UMDVERDES, remitió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una denuncia clara: la convocatoria y celebración de huelgas judiciales en España, prohibidas expresamente por el ordenamiento jurídico, con el consiguiente colapso en los juzgados y vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Lo que recibió como respuesta, apenas dos días después, constituye un ejemplo preocupante de cómo ciertas instituciones parecen dispuestas a blindarse tras el lenguaje administrativo para eludir responsabilidades. La carta ministerial, fechada el 30 de julio de 2025, carece de número de expediente, no identifica al funcionario que responde y está huérfana de firma. Una comunicación sin rastro de autoría, que podría pertenecer a cualquiera y, por tanto, a nadie.
Una contestación que elude el fondo del problema
El texto ministerial se limita a invocar el artículo 117 de la Constitución Española, sobre la independencia judicial, para afirmar que “carece de competencia” y remitir al denunciante a un juzgado de instrucción. Lo hace sin entrar a valorar que, según la propia doctrina del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la huelga de jueces “no tiene sustento legal” y fue declarada como no anunciada. En otras palabras: el máximo órgano de gobierno de la judicatura reconoce que la acción es ilegal, pero el Ministerio responsable de velar por la Justicia se encoge de hombros.
La paradoja se acentúa al constatar que, mientras el Ministerio se declara “incompetente” para actuar, sí ha intervenido en cuestiones relacionadas con las huelgas judiciales, solicitando listados para aplicar descuentos salariales a los jueces que secundaron los paros. Esto evidencia que, cuando existe interés político o administrativo, el departamento sí mueve ficha.
Deficiencias formales y legales
En cualquier procedimiento administrativo, la Ley 39/2015 y la Ley 19/2013 de Transparencia exigen mínimos innegociables:
- Número de referencia o expediente.
- Identificación del firmante y su cargo.
- Motivación suficiente que permita comprender la decisión administrativa.
La ausencia de estos elementos convierte la respuesta en un papel carente de valor jurídico real, pero con un alto valor simbólico: refleja una cultura de impunidad y opacidad que choca con el principio constitucional del artículo 103, que obliga a las administraciones a servir con objetividad los intereses generales.
Un problema que trasciende la anécdota
No estamos ante un simple error burocrático. La omisión de responsabilidad en este caso tiene implicaciones profundas: si una huelga prohibida por ley se produce y el órgano competente no activa los mecanismos de control ni traslada la denuncia al órgano adecuado, se produce una fractura en la cadena de garantías del Estado de Derecho. La independencia judicial no es impunidad, y la separación de poderes no significa que un poder pueda ignorar las leyes que lo regulan.
Responsabilidad política
El ministro Félix Bolaños García, titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desde 2023, es el responsable político último del departamento que emitió la contestación. Que su Ministerio remita comunicaciones sin firma, sin expediente y sin respuesta efectiva a denuncias de este calado, plantea un serio interrogante sobre el compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas.
La respuesta ciudadana
Lejos de aceptar el portazo administrativo, el denunciante ha elevado el caso al Defensor del Pueblo, solicitando que requiera al Ministerio la subsanación de las deficiencias, la identificación del responsable y el traslado de la denuncia a la autoridad competente. La vía parlamentaria y la presión mediática son, en este momento, las únicas herramientas para exigir que los hechos no se diluyan en el silencio.
Conclusión
La forma en que una Administración responde a una denuncia ciudadana es un termómetro de la salud democrática. Cuando la respuesta es anónima, sin referencia, evasiva y jurídicamente vacía, el mensaje que se envía es claro: la ley es un estorbo y el ciudadano, un inconveniente.
Si España quiere preservar el Estado de Derecho, no puede permitir que una huelga ilegal de jueces —y la omisión de actuar ante ella— se despache con una carta fantasma.
Para Finalizar Ya, La pandilla como se les conoce popularmente, goza del privilegio de que los principios de igualdad, de legalidad y de seguridad jurídica no vaya con ellos, privilegios de la edad media, y además han permitido que con los guardias civiles democráticos fueren ingresados en los psiquiátricos por el simple hecho de solicitar el derecho de asociación, siendo expulsados, perseguidos, encarcelados, y detenidos ilegalmente como ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, -TEDH- y afectando a miles de ellos y lo más espeluznante y grave, ingresarlos en los gulaps del régimen sin mandato médico facultativo y por operaciones nazis de persecución como la Columna, tolerada por los huelguistas que se vanaglorian de emitir y ejecutar sentencias en un estado democrático y de derecho. Los motivos principales neutralizar a los activos guardias civiles que se oponían a un régimen democrático corrupto y que la protegía.
