De Mataró a la Gran Vía: barricadas, asfalto cortado y una Generalitat de brazos cruzados mientras los padres y los autónomos pagan los platos rotos de la enésima pataleta sindical.
Desprecio absoluto al ciudadano. No hay otra forma de definir la jornada de este miércoles en Cataluña. Lo que los sindicatos venden como una «lucha por la educación pública» se ha traducido, en la práctica, en un atropello masivo a los derechos de miles de catalanes que solo querían llegar a su trabajo o llevar a sus hijos a clase.
El Maresme, una ratonera
El epicentro del desastre ha estado en Mataró. Los manifestantes, blindados con chalecos reflectantes y pancartas ideologizadas, han decidido que la C-32 era el lugar ideal para su particular «teatro». El resultado: una ratonera de metal. Miles de conductores atrapados, autónomos perdiendo la mañana y jóvenes que, paradójicamente, han perdido sus clases porque los mismos que dicen defenderlas les impedían el paso.
Pero el caos no ha sido un accidente, sino un plan perfectamente orquestado. De forma simultánea, las principales arterias de Barcelona —Meridiana, Gran Via y Ronda Litoral— han sido asfixiadas. Ni ambulancias, ni transporte público, ni sentido común.
Privilegios contra realidades
Mientras los líderes sindicales de USTEC, CCOO y UGT se llenan la boca con el mantra del «6% del PIB», la realidad a pie de asfalto es muy distinta. Los catalanes asisten atónitos a una huelga política que llega justo cuando se negocian los presupuestos. ¿El objetivo? Presionar a un Salvador Illa que empieza a notar cómo la «paz social» que prometió se desintegra por momentos.
Las exigencias del sector (menos horas, menos alumnos, más sueldo) chocan frontalmente con el drama de los trabajadores del sector privado que hoy han visto cómo su jornada se iba al traste. «Ellos cobran igual a fin de mes, pero a mí me descuentan la mañana», bramaba un repartidor atrapado en el bloqueo de la AP-7 en Girona.
La Generalitat, desaparecida
Desde el Departamento de Educación, el silencio es cómplice. Mientras el Servicio Catalán de Tráfico se limitaba a dar cuenta de los kilómetros de retenciones como quien narra el tiempo, la Generalitat ha sido incapaz de garantizar el derecho a la movilidad.
Cataluña ha vuelto a ser hoy el escenario de una anarquía de baja intensidad donde el que más grita (o el que más carreteras corta) es el que manda. Un espectáculo lamentable que deja una pregunta en el aire: ¿Hasta cuándo van a permitir los ciudadanos que los sindicatos utilicen sus vidas como moneda de cambio para sus privilegios?
