El PSOE entregó ‘en bandeja de plata’ la ‘cabeza’ del castellano a los independentistas.
Los diputados socialistas, junto a los de Unidas Podemos y ERC, votaron a favor de una enmienda de la reforma de la ley educativa (conocida como ‘Ley Celaá’) impulsada por los separatistas para eliminar el castellano como lengua vehicular en las aulas.
Se trata de la primera votación de esta polémica reforma antes de ser elevada al Pleno de la Cámara baja.
La votación se convierte en la última ‘caricia’ del PSOE-Podemos a los partidos golpistas catalanes.
Es importante recordar que la eliminación del castellano como lengua vehicular en las aulas fue una iniciativa planteada por el grupo de Gabriel Rufián. Un pulso que echan al Gobierno en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
De concretarse, la Ley permitiría que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, orillando así al castellano.
Para lograrlo, el Gobierno y sus socios de la extrema izquierda votaron a favor de la disposición adicional 38ª 1, donde se establece que el castellano es la “lengua oficial del Estado”, así como la consideración de que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lengua vehículares”.
La ‘Ley Celaá’ modificará el texto para dejarlo así: “Las Administraciones educativas garantizarán el derechos de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.
En cambio, la actual ley de educación (‘ley Wert’o Lomce) sí recoge que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”.
Tribunal Constitucional
Ante el peligro que supone la medida para la unidad de España y la sostenibilidad del modelo educativo, la PP, VOX y Ciudadanos anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la ‘Ley Celaá).
El presidente del PP, Pablo Casado, denunció que el Gobierno de Sánchez pretenda “permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos” con los separatistas catalanes.
Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal, criticó “el derribo de la Constitución” que van a perpetrar los “aprendices de tirano”.
El Grupo Parlamentario VOX denuncia, además, el uso de la educación que pretende hacer el Gobierno, para convertir este derecho de los niños en un «medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuestionó por su parte los “años de inacción de PP y PSOE que han permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea vehicular”.
