Todo indica que Víctor García Hidalgo, jefe superior de Policía en el País Vasco, fue quien alertó a los extorsionadores de ETA
Produce casi tanto estupor como indignación ver a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiendo que se archive la causa en la que se investigaba el chivatazo policial a Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán de Irún y uno de los jefes de la red de extorsión de ETA.
Recordemos los hechos: un agente policial le pasó una llamada a Elosúa en mayo de 2006, durante la tregua de la banda, en la que un misterioso interlocutor le advertía de que las Fuerzas de Seguridad del Estado le estaban esperando para detenerle cuando cruzara la frontera con el dinero recaudado por la extorsión a empresarios.
Según un informe policial realizado unos meses después de lo sucedido, ese misterioso interlocutor que advirtió a Elosúa era nada menos que el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, que momentos antes había recibido una llamada de Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía.
La hipótesis de este informe, siguiendo el cruce de teléfonos, es que el jefe de la Policía Nacional había ordenado a su subordinado que avisara a Elosúa de que había montado un operativo para detenerle.
La Fiscalía pide ahora al juez Garzón que archive la causa, argumentado que no existen pruebas de la implicación de García Hidalgo ni de ninguno de sus colaboradores, que testificaron que efectivamente habían hablado ese día y en ese lugar, pero que el objeto de sus llamadas era contactar con un confidente de ETA.
El propio Elosúa, puesto en libertad por el deterioro de su salud, se negó a identificar al agente que le había pasado el teléfono.
Estamos, pues, ante un delito gravísimo, que la Fiscalía considera probado que se cometió y que desiste de seguir investigando a pesar de que hay sólidos indicios que apuntan al ex director general de la Policía, una persona vinculada al PSOE, y otros altos mandos policiales.
No resulta, por ello, extraño que todo fueran obstáculos para indagar lo sucedido.
Hay que recordar que el primer instructor del caso, el juez Grande-Marlaska, tuvo que apartar de la investigación al comisario general de Información, Telesforo Rubio, al que acusó de poner trabas al esclarecimiento del asunto.
Tampoco se ha investigado lo suficiente una llamada telefónica de Fernando Mariscal, jefe de seguridad del PSOE, que llamó desde Madrid a uno de los comisarios que se encontraban en las inmediaciones del bar Faisán, alegando luego que era su cumpleaños.
Y si la Fiscalía tiene otras hipótesis, que las plantee.
Había muchos cabos sueltos de los que poder tirar, pero ni el juez Garzón, dedicado a actividades mejor remuneradas y a otros casos menos comprometedores para el Gobierno Zapatero, ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional han querido llegar hasta el fondo de este turbio affaire que ponía en evidencia la actuación de los mandos policiales durante la tregua de ETA.
Resulta estremecedor pensar que el máximo jefe de un cuerpo que ha sufrido cientos de bajas por el terrorismo pudiera llevar su servilismo político hasta el extremo de ayudar a ETA a eludir un operativo montado por sus propios hombres.
Para vergüenza del Estado de Derecho, este gravísimo delito puede quedar impune porque ni el juez ni la Fiscalía han hecho bien su trabajo, mientras un sector de la Policía se dedicaba a encubrir el infame comportamiento de los autores y cómplices del chivatazo.
La falta de celo de unos y la obstaculización de la labor de la Justicia de otros requiere la comparecencia en el Parlamento del actual ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que tienen mucho que explicar sobre este caso, que constituye un escándalo de enorme magnitud.
