El encuentro se prolongó hasta las dos de la madrugada, momento en que los invitados abandonaron el palacio presidencial en orden inverso al de llegada
El juez Baltasar Garzón se reunió con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus más cercanos colaboradores en materia de seguridad -el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, su secretario de Estado, Antonio Camacho, y la que era la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega- en el Palacio de La Moncloa la noche del 3 de mayo de 2006, horas antes de que se produjera el chivatazo que frustró la operación policial contra ETA dirigida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, entonces sustituto de Garzón al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Así lo aseguran a La Gaceta fuentes de la seguridad de Moncloa de la máxima solvencia, que explican que Rubalcaba fue el primero en llegar a la reunión (a las 23.45 horas), seguido de De la Vega y Camacho.
Garzón, tras un largo viaje, accedió al complejo presidencial como «visita VIP», con lo que no tuvo que acreditarse ante los servicios de seguridad de Moncloa, según explican las mismas fuentes, que aseguran que los responsables de seguridad recibieron la orden de desconectar las cámaras de vídeo, de modo que nunca quedó constancia de la visita.
El encuentro se prolongó hasta las dos de la madrugada, momento en que los invitados abandonaron el palacio presidencial «en orden inverso al de llegada».
Garzón visitó La Moncloa tras aterrizar presumiblemente en Barajas procedente de Nueva York, desde donde había telefoneado esa mañana a Grande-Marlaska para tratar de convencerle sin éxito de que no ejecutara la operación contra ETA, según la declaración del comisario José Cabanillas en sede judicial.
Un día después del encuentro en Moncloa, un policía alertó al dueño del bar Faisán y contacto con ETA, Joseba Elosúa, de que se iba a ejecutar una operación policial contra ellos. El operativo dirigido por Grande-Marlaska se vio frustrado por este chivatazo cuyos autores -tanto ejecutivos como intelectuales- aún no han sido desenmascarados por la Justicia.
Y es que días después el juez Garzón regresó oficialmente de Nueva York para hacerse cargo del Juzgado número 5, que era el suyo, y por lo tanto del caso Faisán, que investigaba el chivatazo que se produjo ese día a la banda terrorista.
Bajo la dirección de Garzón, se apartó a la Guardia Civil de las pesquisas por el método de no ordenarles más diligencias y se personalizó la investigación en el entonces inspector -hoy comisario- Carlos Germán y su equipo, a pesar de que este grupo policial podía ser considerado sospechoso al estar en el bar Faisán en el momento de los hechos y conocer todos los datos del frustrado operativo.
De hecho, las investigaciones llevadas a cabo desde entonces por el equipo investigador no han llevado a ningún sitio más que a señalar a tres policías contra los que no había suficientes indicios, como confirmó posteriormente el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Garzón también se resistió a pedir a la Justicia gala -dado que la operación policial frustrada por el soplo era conjunta entre España y Francia- su versión de los hechos, iniciativa solicitada por la acusación popular.
Tras la suspensión de Garzón, el juez fue sustituido por el magistrado Pablo Ruz, que relanzó las pesquisas, pero mantuvo al mismo equipo investigador.
Así, tras una serie de diligencias, el nuevo instructor decidió imputar y luego procesar a los tres policías señalados por el grupo de Carlos Germán: el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies; el inspector J. M. B.; y el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo.
Sin embargo, la inexistencia de indicios solidos provocó que el Pleno de la Sala de lo Penal ordenara al instructor revocar el auto de procesamiento e iniciar nuevas diligencias que, en el mismo sentido de la investigación o en otro, arrojaran nueva luz al proceso, que desde ese momento se encuentra paralizado.
Durante la instrucción, ha habido un montón de diligencias propuestas por las acusaciones populares e incluso por la propia defensa que el juez no ha autorizado y que podrían haber aclarado más los hechos.
También ha sido polémico el papel del fiscal Carlos Bautista, quien pidió el archivo de la causa sin ver siquiera el vídeo que grabó la entrada del bar Faisán.
Asimismo, tras la llegada de Ruz al Juzgado, cambió de criterio y pidió nuevas diligencias, cuando antes había solicitado el fin de la causa.
NOTA.- Leer artículo original en La Gaceta.
