Al ex presidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del consejo de administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella
Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), han presentado sendos recursos de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de imponer el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil solidaria de 800 millones de euros a ambas entidades, al ex presidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del consejo de administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.
En los recursos presentados ante la Audiencia Nacional por el procurador de Bankia Francisco José Abajo Abril, a los que ha tenido acceso Europa Press, ambas entidades ponen de manifiesto que no existen dudas de que podrían afrontar una eventual «condena» por la salida a Bolsa de Bankia en 2011 y por tanto, no ven sentido en asegurar ahora dicho pago porque es «lesivo» tanto para Bankia como para BFA. En este sentido, alegan que aquellos que han pedido la fianza no han prestado ninguna caución, por lo que no se les debe prestar fianza.
Las entidades recuerdan que ninguna de las partes ha solicitado «válidamente» el aseguramiento de 800 millones de posible responsabilidad civil, sino sólo de 34 millones de euros. «En virtud del principio de justicia rogada, no puede el Juzgado acordar la prestación de fianza por importe de 800 millones de euros», argumentan, para después indicar que «como mucho» podrá acordar el aseguramiento de posibles responsabilidades civiles por importe de 34 millones de euros.
«Cada perjudicado podrá reclamar por lo suyo, pero no por lo de los demás. Reclamar por lo propio y por lo ajeno sería tanto como aceptar una suerte de acusación particular y popular a la vez, siendo así que es ‘doctrina inveterada’ que la acusación popular no tiene otra legitimación que la de orden penal», recogen los recursos. Por ello, el procurador pide a la Audiencia Nacional que revoque el auto que impone la fianza de 800 millones y dicte una nueva resolución por la que reduzca la fianza solidaria impuesta, «sin exceder en ningún caso la cantidad de 34 millones de euros».
Informe Cañibano
Tanto Bankia como BFA advierten en sus autos de que el juez Andreu basa su decisión de imponer una fianza en el hecho de que el informe del catedrático Leandro Cañibano sobre las cuentas de la entidad antes de salir a Bolsa, encargado por Bankia, no contradice el informe de los peritos del Banco de España en cuanto a la imagen del banco en la OPS.
Sin embargo, el análisis de Cañibano explicaba en sus primeras páginas que las cuentas de Bankia en su salida a Bolsa mostraban la imagen «fiel de la entidad», justo lo contrario que exponía el informe de los peritos del supervisor.
El auto de apelación referido a BFA indica que la decisión del juez a la hora de imponer una fianza de 800 millones de euros basa «exclusivamente» sus indicios de delitos en el informe elaborado por los peritos del Banco de España, sin tener en cuenta la opinión de Cañibano.
En este sentido, recuerda que los estudios de ambos peritos contenían «debilidades e inconsistencias, tanto metodológicas como de apreciación», por lo que, a juicio de la entidad, «revelan sencillamente que existen otras versiones alternativas».
BFA argumenta que «ninguna de las partes solicitantes de las medidas acordadas ofreció la prestación de caución/contracautela», por lo que entiende que, «en defecto de dicho ofrecimiento», la fianza que se ha solicitado no debió ser adoptada.
Al margen de estos asuntos, ambas entidades exponen en sus recursos que se han pasado por alto todos los documentos que hay en el sumario, así como las declaraciones de los responsables de supervisión de la entidad en el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
