Hace poco menos de dos meses, el populismo militante señaló a Mariano Rajoy y Rafael Catalá como culpables de que la Audiencia Provincial de Navarra sólo hubiera condenado a nueve años de prisión a los abusadores que conforman La Manada.
Entonces, la Fiscalía solicitó penas de entre 22 y 25 años de prisión. Ahora ya no están ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Justicia. Se demuestra así que a los únicos que había que mirar para ejercer la legítima crítica a una determinada sentencia era a los miembros del Tribunal que habían juzgado a los abusadores.
La libertad provisional decretada este jueves resulta incomprensible dado el riesgo de reiteración delictiva de estos individuos.
Resulta oportuno recordar que cuatro de los cinco miembros de La Manada tienen un juicio pendiente por abusar presuntamente de una mujer en las fiestas de Pozoblanco (Córdoba) en 2016.
Parte de lo ocurrido en este caso está grabado en vídeo, práctica habitual y sistemática de unos hombres que son un peligro para la integridad de las mujeres a tenor de que dicha tendencia se ha demostrado repetida.
En el caso de la población cordobesa, los abusadores actuaron en grupo mientras se jactaban de los tocamientos que efectuaban dentro del coche a una chica inconsciente. Un comportamiento que debería ser motivo suficiente como para que permanecieran en prisión hasta que haya una sentencia en firme.
Sin embargo, van a quedar en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros. Algo que, de forma comprensible, generará un malestar generalizado en la sociedad.
Bien es cierto que, por mucho que pueda ser criticada en según qué momentos, la independencia judicial ha de ser respetada como garante de un Estado de Derecho sano y creíble. No obstante, es cierto que, en un caso tan sensible como éste y con unos hechos como los acaecidos en Pozoblanco, parece que lo más oportuno era que los cinco abusadores de La Manada permanecieran en prisión.
