CRIMEN Y CASTIGO

La Fiscalía pide 25 años de prisión para el golpista Junqueras como líder de la rebelión

La Abogacía del Estado solicita solo 12 años de cárcel por sedición y malversación

La Fiscalía pide 25 años de prisión para el golpista Junqueras como líder de la rebelión
¿El futuro que espera a Junqueras, Trapero, Puigdemont y Forcadell? PD

El Ministerio Público solicita 17 años para los Jordis y Forcadell, 16 para los ex consellers, y 11 para Trapero

Un total de 25 años de cárcel es la pena a la que se va a enfrentar por ‘golpista’ el ex vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, por el proceso independentista que se culminó el 27 de octubre de 2017 con una declaración unilateral de independencia (Casado: «Es indecente que Sánchez humille a España forzando a la Abogacía del Estado»).

Ésta es la petición de la Fiscalía según el escrito de acusación presentado este viernes ante el Tribunal Supremo(El socialista Sánchez claudica ante los golpistas catalanes y fuerza a la Abogacía a retirar el cargo de rebelión por el ‘procés’).

Junto a Junqueras, el Ministerio Público también acusa a varios exconsellers, como Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Dolors Bassa, así como al ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Para los primeros, solicita una pena de 16 años de cárcel por rebelión, y para los dos activistas la pena solicitada se eleva a los 17 de años de cárcel (Carmen Calvo nos toma por imbéciles y la vídeoteca la deja retratada: «Pedro Sánchez nunca vio rebelión en Cataluña»).

La misma acusación, 17 años, recae para la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Todos ellos están en prisión preventiva y dadas las altas penas a las que se enfrentan su situación personal no se va a modificar hasta que se celebre el juicio, aún sin fecha.

Además de los presos, otras nueves personas están procesadas por los mismos hechos. En el caso de los ex consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, la Fiscalía solicita 7 años de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave, además de una multa.

Finalmente, para la diputada de la CUP, Mireia Boya, y los ex miembros de la Mesa del Parlament procesados, el Ministerio Público solicita una sanción económica, también por desobediencia.

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