Solicitan una fiscalización externa e independiente para evitar un nuevo ‘fraude’ en las primarias de Podemos

La demanda que podrá arrebatar las riendas de Podemos de las manos de Pablo Iglesias

Fernando Barredo solicitó que se anulen las primarias del partido de extrema izquierda y que se repitan “con garantías de derechos de igualdad entre los candidatos”

La demanda que podrá arrebatar las riendas de Podemos de las manos de Pablo Iglesias
Pablo Iglesias PD

Una demanda podrá arrebatar las riendas de Podemos de las manos de Pablo Iglesias.

Fernando Barredo, el rival del vicepresidente segundo en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, presentó ante los juzgados de Madrid una demanda en la que solicita que se anulen esas elecciones primarias por incumplir la normativa interna.

En este sentido, solicita que se celebren unas nuevas elecciones primarias «con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos».

Una votación que, de llevarse a cabo, podrá desencadenar en que Pablo Iglesias deje de ser el secretario general de Podemos por el descontento creciente hacia su figura dentro del partido de extrema izquierda.

Para garantizar unas primarias transparentes, Barredo plantea una «fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y el escrutinio públicos de los resultados».

El rival de Pablo Iglesias, que está representado en esta causa por la abogada y exsenadora de Podemos Celia Cánovas, preparó una demanda de protección y tutela civil de derechos fundamentales contra Podemos por una presunta vulneración del derecho a la participación previsto en el artículo 23 de la Constitución, razón por la cual considera «imperativa» la intervención del Ministerio Fiscal aún tratándose de un proceso civil.

La demanda pide la nulidad de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en la que Iglesias fue reelegido como secretario general del partido con más del 90 por ciento de los votos, por haber vulnerado los estatutos y reglamentos de la organización política y, con ello, los derechos fundamentales de Barredo.

En consecuencia, reclama abrir una nueva Asamblea Ciudadana Estatal en la que se respeten las normas internas y que se lleve a cabo «con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y escrutinio públicos de los resultados».

¿Un fraude bolivariano?

Barredo detalla las irregularidades de las primarias de Podemos.

El rival de Iglesias destaca la aceptación de las candidaturas de Iglesias, así como de Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera.

¿El motivo?, que el Código Ético de Podemos, que debe cumplirse para competir en unas elecciones primarias, limita «el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución».

En este sentido, menciona también el Documento Organizativo aprobado en la Segunda Asamblea Ciudadana Estatal, una «norma interna de obligado cumplimiento» que exigía como algo «imprescindible» establecer «un límite claro a las responsabilidades que se pueden tener en la organización, restringiendo los cargos de dedicación intensiva en Podemos a un máximo de dos, uno interno y otro externo».

Barredo recuerda que «los citados candidatos ocupaban y siguen ocupando, cada uno de ellos, dos cargos institucionales (externos), además de un cargo orgánico (interno)».

Así, precisa que Iglesias era y es vicepresidente segundo del Gobierno, diputado nacional y secretario general de Podemos, mientras que Montero, Belarra y Vera eran y son diputadas y ministra de Igualdad, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Estado de Igualdad, respectivamente, así como miembros del Consejo Ciudadano del partido.

Para el demandante, está claro que «no podían ser candidatos en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal» y que, por ello, el Equipo Técnico –responsable de las elecciones primarias– «nunca debió aceptar las candidaturas indicadas».

Batalla contra el Ejército

Mientras su liderazgo en Podemos se tambalea, el vicepresidente segundo emprendió su propia batalla personal contra los militares retirados con la querella contra el coronel de Infantería Diego Camacho.

En la medida judicial el líder de Podemos pide investigar a Camacho por un presunto delito de calumnias y, subsidiariamente, por uno de injurias graves.

El vicepresidente sacó toda la artillería contra el militar retirado, por lo que solicita: una fianza de 18.000 euros (cantidad que ha fijado teniendo en cuenta «la gravedad» de sus declaraciones y «la gran difusión que han tenido»), un embargo de bienes suficientes para cubrir dicha cuantía si no fuera depositada, y que el uniformado sea citado para declarar.

La querella se basa en una serie de artículos y entrevistas realizados por el coronel de Infantería desde el pasado mes de mayo que, según el escrito, «constituyen una atribución clara y contundente a Pablo Iglesias de hechos concretos constitutivos de delitos de extrema gravedad que no solo dañan su honor e imagen personal y política, sino como integrante del Gobierno de España».

Las declaraciones del uniformado que tanto alteran al vicepresidente segundo son que, según Camacho, Iglesias junto Juan Carlos Monedero y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, «han cobrado dinero procedente de desfalcos y del ‘narco’ venezolano».

También indicó que el líder de Podemos proporcionó pasaportes falsos a miembros del partido-milicia libanés Hezbolá y que también iba a dárselos a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Camacho dijo asimismo que la que fuera asistente personal de Iglesias cuando era eurodiputado, Dina Bousselham, era una «espía de Marruecos» y sugirió que ambos mantenían una relación sentimental gracias a la cual ella obtendría información relevante del Gobierno.

De esta forma, destaca la querella, le atribuye «una conducta delictiva de tan extrema gravedad como es la revelación de secretos relativos a la defensa nacional, ya sea de forma dolosa o imprudente».

«No puede haber ataque más grave a la integridad moral de un gobernante que afirmar que el mismo trabaja para potencias extranjeras, máxime cuando aquél procede de una persona cuya condición de militar y ex integrante del CESID le dotan de un aura de ética y credibilidad que hace presumir que sus manifestaciones son veraces», expone el escrito de Iglesias.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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