Pablo Iglesias desató la ‘guerra progre’ contra el Ejército tras observar el descontento que existe dentro de las Fuerzas Armadas con el Gobierno PSOE-Podemos.
El vicepresidente segundo del Gobierno presentó una querella en los juzgados de Madrid contra el coronel de Infantería retirado Diego Camacho por un presunto delito de calumnias.
El líder de Podemos se considera ofendido por una serie de declaraciones realizadas por el militar en medios de comunicación en las que vinculó al líder de Podemos con el narcotráfico venezolano y el terrorismo internacional.
La querella de Iglesias llega pocas horas después de que el teniente general Emilio Pérez Alamán le parase los pies a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El teniente general retirado fue quien lideró la carta para el Rey Felipe VI, en la que 750 militares retirados le advertían del “grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional” que suponer el Gobierno PSOE-Podemos.
Justamente en su carta a Margarita Robles advertía de la censura que busca imponer el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Algo que quedaría demostrado en las presiones realizadas desde el PSOE-Podemos, así como con la querella del propio Pablo Iglesias.
Además de alertar de la censura a la que están siendo sometidos, los militares retirados también desmontaron el ‘bulo’ progre de que las opiniones expresadas en la carta al monarca solo representen a una minoría y advierte que “no hallará nada inconstitucional” en sus palabras.
Por eso pide a la ministra que reconsidere su opinión y deje de arremeter contra los firmantes: “sería mejor dar un buen giro al timón y cambiar de rumbo”.
La batalla de Iglesias
Iglesias emprendió su propia batalla personal contra los militares retirados con la querella contra el coronel de Infantería Diego Camacho.
En la medida judicial el líder de Podemos pide investigar a Camacho por un presunto delito de calumnias y, subsidiariamente, por uno de injurias graves.
El vicepresidente sacó toda la artillería contra el militar retirado, por lo que solicita: una fianza de 18.000 euros (cantidad que ha fijado teniendo en cuenta «la gravedad» de sus declaraciones y «la gran difusión que han tenido»), un embargo de bienes suficientes para cubrir dicha cuantía si no fuera depositada, y que el uniformado sea citado para declarar.
La querella se basa en una serie de artículos y entrevistas realizados por el coronel de Infantería desde el pasado mes de mayo que, según el escrito, «constituyen una atribución clara y contundente a Pablo Iglesias de hechos concretos constitutivos de delitos de extrema gravedad que no solo dañan su honor e imagen personal y política, sino como integrante del Gobierno de España».
Las declaraciones del uniformado que tanto alteran al vicepresidente segundo son que, según Camacho, Iglesias junto Juan Carlos Monedero y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, «han cobrado dinero procedente de desfalcos y del ‘narco’ venezolano».
También indicó que el líder de Podemos proporcionó pasaportes falsos a miembros del partido-milicia libanés Hezbolá y que también iba a dárselos a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
Camacho dijo asimismo que la que fuera asistente personal de Iglesias cuando era eurodiputado, Dina Bousselham, era una «espía de Marruecos» y sugirió que ambos mantenían una relación sentimental gracias a la cual ella obtendría información relevante del Gobierno.
De esta forma, destaca la querella, le atribuye «una conducta delictiva de tan extrema gravedad como es la revelación de secretos relativos a la defensa nacional, ya sea de forma dolosa o imprudente».
«No puede haber ataque más grave a la integridad moral de un gobernante que afirmar que el mismo trabaja para potencias extranjeras, máxime cuando aquél procede de una persona cuya condición de militar y ex integrante del CESID le dotan de un aura de ética y credibilidad que hace presumir que sus manifestaciones son veraces», expone el escrito de Iglesias.
El rechazo militar al Gobierno
El PSOE-Podemos, que no ha tenido miramientos al pactar con Bildu e independentistas o al atacar a la Monarquía, ahora percibe un creciente malestar en el Ejército.
El monarca recibió, a mediados de noviembre, una carta de 39 mandos de la reserva del Ejército del Aire que afirmaban estar dispuestos a ‘combatir’ a quienes atacan a la Monarquía, al Poder Judicial, a la lengua castellana y la independencia de la Fiscalía General del Estado (justamente en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado).
Solo unos días después, el Rey Felipe VI recibió una nueva carta de 72 militares retirados del Ejército de Tierra, donde también se muestra la preocupación y el descontento hacia el rumbo del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
La preocupación de los socialistas y comunistas queda de manifiesto en las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien viene intentando ‘apagar el incendio’ desde inicios de diciembre.
No en vano, la ministra de Sánchez ya arremetió el pasado 1 de diciembre contra quienes intentan «implicar» al Rey en polémicas partidistas y, en concreto, criticó la carta que más de 70 militares retirados enviaron al jefe del Estado contra el Gobierno y alertando de los peligros que a su juicio corre España.
«La monarquía es patrimonio de todos los ciudadanos españoles», afirmó en diciembre, pese a que desde su gobierno se esté intentando dinamitar a Casa Real.
