11 de junio de 2024.
Conserven en su memoria la fecha porque será de las que pase a la posteridad como el día en el que Pedro Sánchez consiguió meterle un torpedo en toda la línea de flotación al edificio judicial español.
Dos días después de las elecciones europeas, el Boletín Oficial del Estado publicaba la entrada en vigor de la ley de la amnistía, una medida ‘ad hoc’ del Ejecutivo socialcomunista para beneficiar, por mero cálculo electoral, a los independentistas y golpistas catalanes encabezados por Carles Puigdemont.
Alrededor de 1.000 secesionistas verán como sus condenas quedan borradas como por arte de magia, aunque habrá que ver cuál es el papel que ejercen los jueces, que no están ni mucho menos de acuerdo con esta tabla rasa y dejar sin efecto los delitos cometidos por los golpistas.
Lo cierto es que la ley de la amnistía ha supuesto para el Gobierno Sánchez un parto de lo más doloroso.
Y es que dos días antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el propio Pedro Sánchez negó la mayor en relación a esa ley aseverando que la misma jamás sería concedida.
Obviamente, por cuestiones meramente postelectorales y por seguir en la poltrona de La Moncloa, el político socialcomunista compra a precio de oro los siete votos del partido de Carles Puigdemont para que este le apoye en la investidura a cambio, claro, de conceder la amnistía.
Pese a todo, la ley, tal y como llega al Congreso no le gusta a los independentistas catalanes y la rechazan el 30 de enero de 2024.
Mes y medio después, concretamente el 14 de marzo de 2024, vuelve al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, y entonces sí que sale adelante.
La siguiente fase fue que el Senado la respaldase o la mandase de vuelta al Congreso. Sucedió lo segundo, ya que la Cámara Alta la veta el 14 de mayo de 2024.
Finalmente, el 30 de mayo de 2024 se aprobó la ley en el Congreso de los Diputados con 177 votos a favor y 172 en contra.
Tras varios días de incertidumbre, la ley de amnistía ya ha entrado en vigor.
¿Podía negarse el Rey Felipe VI a sancionar la ley?
La Constitución es muy clara en ese aspecto y deja patente que el monarca debía sancionar el texto.
Su artículo 91 fija que «el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicació».
Es el último trámite antes de que se publique acto seguido en el BOE y, por tanto, entre en vigor.
Sólo quedaría suspendida para aquellos implicados en causas judiciales cuyos jueces presenten una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta que estos las resuelvan.
¿Cuándo regresaría Carles Puigdemont?
Aunque son varios los fugados, un nombre destaca por encima de todos, el de Carles Puigdemont.
El prófugo, una vez conoció la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, aseguró que acudiría a la sesión de investidura en el Parlamento catalán:
Con el calendario electoral en la mano, podré estar en el debate de investidura.
Una de las fechas que se baraja, por tanto, es que vuelva a España el 25 de junio de 2024, fecha tope para que el hemiciclo catalán proponga candidato a presidir el Gobierno autonómico.
Sobre Puigdemont pesan dos causas judiciales relacionadas con el ‘procés’, a la que se podría sumar una tercera, la de la denominada trama rusa, que instruía el juez Joaquín Aguirre hasta que, hace unos días, la Audiencia de Barcelona anuló la prórroga de las pesquisas, por lo que ahora el magistrado debe decidir si decreta el sobreseimiento de la misma o eleva la causa al Tribunal Supremo; órgano competente para investigar a Puigdemont.
A Sánchez se le complica el panorama
La ‘dulce derrota’ del PSOE, de la que hablan los periodistas adictos al regimen, se le amarga a Sánchez: Yolanda Díaz está noqueada y Puigdemont se apresta a lanzar otro órdago .Que el PSOE no haya ni ganado ni empatado supone que ha perdido gran parte de su poder intimidatorio sobre Carles Puigdemont.
Al inquilino de La Moncloa le hubiera gustado emerger de este 9-J empoderado para lanzarle un órdago al prófugo, y forzarle así a facilitar la investidura de Salvador Illa bajo la amenaza de una repetición de las elecciones generales que le permitiese dejar de depender de los votos de Juntos por Cataluña
Pero Sánchez ya no está en condiciones ir a un adelanto electoral, algo que, de hecho, el PSOE desdeñó el 10 de junio de 2024. Y haber perdido esa baza fortalece a Puigdemont.
Y por si fuera poco, lo sucedido en la constitución de la Mesa del Parlamento catalán es otra vuelta de tuerca más.
ERC se unió a Juntos para pactar una «mesa antirrepresiva» para el Parlamento de Cataluña. Un acuerdo que, al permitir votar a los fugados Puigdemont y Lluís Puig, contravino la resolución del Tribunal Constitucional.
Lo relevante es que el independentismo vuelve a hacerse así con ese órgano y lanza un desafío al Tribunal Constitucional.
Dicho en plata, eso supone echar por tierra el discurso de la reconciliación»y el fin del procés que el PSOE pretendió imponer tras el triunfo en las urnas de Salvador Illa.
