Creen que están por encima del resto de los mortales.
Begoña Gómez ha vuelto a pedir mediante un escrito al juez Juan Carlos Peinado que sólo se grabe el audio de su declaración y no vídeo, ya que el pasado 19 de julio se hizo público el vídeo debido a su interés periodístico como ya pasó con Felipe González o Cristina de Borbón.
La esposa del presidente del Gobierno -que está siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios– vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados este viernes 19 de julio de 2024 después de su aplazamiento hace dos semanas.
El exministro y abogado de la defensa de Gómez, Antonio Camacho, reclama de nuevo al magistrado que avise a las acusaciones populares sobre la posibilidad de ser expulsarlas de la causa en caso de que haya un uso abusivo de su derecho a estar en el procedimiento.
De esta manera, señala el letrado que desconoce el origen de la filtración de las imágenes de su pasada declaración en las que se podía ver a Begoña Gómez sentada en el banquillo de los acusados, en actitud seria, con traje negro y completamente ‘acogotada’ y afirmando ante el juez que no conocía los hechos por los que se le investiga. También, Camacho ha expresado su queja ante las imágenes de Begoña accediendo por los pasillos de los juzgados tal y como publicó Periodista Digital.
Los periodistas aliados de Pedro Sánchez, bien untados con dinero público, se encargaron de señalar al reportero Josué Cárdenas por conseguir las imágenes de la esposa de Sánchez entrando en la sala. Ahora, el abogado defensor de Begoña afirma que dichas imágenes fueron obtenidas por “personas que accedieron a los juzgados, según los medios, con la colaboración de los letrados de las acusaciones».
Para ello, recuerda al juez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que las actuaciones se documenten pero, «no existe obligación de hacerlo mediante la grabación de la imagen y el sonido».
Además, Camacho indica que las actuaciones tienen un “carácter reservado o secreto” y que solo adquieren su carácter público «cuando se abre juicio oral». Agrega que la imagen y la voz de una persona son datos «dignos de protección» y subraya que, dado que se está en fase de instrucción, la diligencia es «reservada y no pública».
Asimismo, solicita medidas para impedir la filtración a los medios, requiriendo al juez que “se replantee su posición inicial” atendiendo la petición para “limitad la vulneración de los derechos” de la esposa del presidente del Gobierno.
Recuerda el abogado que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que advierte que la prohibición de filmar en los pasillos de los juzgados “no conculca el derecho a la libertad de información”. De forma que, pide también al juez que advierta a las acusaciones populares que, si abusan de su derecho a estar en el procedimiento colaborando para permitir actuaciones prohibidas, puedan ser expulsadas del caso.
Por último, solicita que los técnicos introduzcan marcas en la grabación que permitan identificar cada copia que se dé a las acusaciones para saber la procedencia de las filtraciones.
