El debate sobre la ley de amnistía promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para los responsables del proceso independentista catalán ha cruzado definitivamente las fronteras nacionales.
A fecha de 10 de junio de 2025, la polémica ha escalado hasta Luxemburgo, donde la Comisión Europea ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) unas observaciones demoledoras: califica la norma como una “autoamnistía” y considera que es “contraria al principio del Estado de Derecho”.
Esta toma de posición supone un auténtico terremoto político. Bruselas no solo pone en entredicho la constitucionalidad interna del texto, sino que subraya su posible incompatibilidad con los valores fundacionales de la Unión Europea.
En el documento presentado ante el TJUE, la Comisión Europea desgrana varios argumentos que dejan en mal lugar al Ejecutivo español:
- Autoamnistía: El informe apunta que la ley parece estar diseñada para beneficiar a quienes facilitaron su aprobación parlamentaria, es decir, los partidos independentistas cuyos votos resultaron decisivos para investir a Sánchez. Así, “los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español” y se trata claramente de “parte del acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno”.
- Ausencia de interés general: Bruselas sostiene que “no parece que la amnistía responda a un objetivo de interés general reconocido por la UE”, desmontando uno de los principales argumentos esgrimidos por el PSOE para justificar la medida. El texto señala que los motivos reales son políticos y no jurídicos.
- Tramitación acelerada y falta de garantías: La Comisión recuerda que se desoyeron informes clave, como el de la Comisión de Venecia, que recomendaba una mayoría cualificada superior y mayor debate institucional. También critica la tramitación urgente y sin consenso suficiente.
- Presión indebida sobre los jueces: Se reprocha a la ley imponer plazos restrictivos (dos meses) a los órganos judiciales para decidir sobre casos afectados por la amnistía, lo que puede obstaculizar una valoración sosegada y completa del fondo del asunto.
- Vulneración del principio de igualdad procesal: Se denuncia que se limite el derecho de audiencia a ciertas partes —por ejemplo, a Sociedad Civil Catalana— en procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, lo que vulneraría principios como el derecho a un proceso contradictorio y a la igualdad de armas recogidos en la Carta Fundamental europea.
Parlamento Europeo: condena formal e histórica
El dictamen comunitario ha llegado acompañado por otro hito: por primera vez en su historia, el Parlamento Europeo ha aprobado una condena formal contra la ley de amnistía española, recalcando que atenta contra el Estado de Derecho y vulnera la separación de poderes. Esta condena fue posible gracias a una enmienda presentada por eurodiputados vinculados a VOX y al grupo Patriots for Europe. El informe oficial recoge un aumento “repentino” de peticiones desde España alertando sobre los riesgos institucionales tras anunciarse esta medida.
En palabras del texto aprobado:
“Lamenta los ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes perpetrados por el Gobierno español”.
La Eurocámara deja así negro sobre blanco su preocupación por lo que considera un intento gubernamental para borrar las consecuencias legales del procés con fines estrictamente políticos.
El Constitucional ante una encrucijada
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional español debate sobre la constitucionalidad o no del texto. Algunos magistrados han solicitado suspender cualquier decisión hasta que el TJUE se pronuncie definitivamente. La división interna es patente: hay ponencias favorables al texto gubernamental pero informes técnicos advierten del riesgo para el propio concepto nacional y europeo del Estado de Derecho.
La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante Luxemburgo —con especial énfasis en si puede o no aplicarse esta ley en procedimientos relativos a fondos públicos— añade aún más incertidumbre jurídica.
El pacto político tras la amnistía: votos decisivos y maniobras parlamentarias
Nadie oculta ya en Bruselas ni en Madrid que la ley fue moneda política en las negociaciones para asegurar los votos independentistas necesarios para investir a Sánchez tras las elecciones. El Parlamento Europeo ha sido explícito al vincularla al acuerdo político entre PSOE y fuerzas separatistas, algo que los propios beneficiarios no han dejado nunca de reivindicar como éxito propio frente al Estado.
Incluso las maniobras parlamentarias socialistas para evitar este vínculo han resultado infructuosas: Europa ve claramente esa conexión causal entre amnistía e investidura, lo que debilita aún más el relato oficialista sobre su pretendida finalidad reconciliadora o pacificadora.
Curiosidades y datos insólitos
- El documento comunitario recuerda que ni siquiera se respetó el principio básico recomendado por organismos internacionales: aprobar una amnistía con mayoría cualificada superior a la simple mayoría absoluta.
- Según datos manejados por plataformas cívicas catalanas, desde 2024 se han cerrado ya más de 230 causas judiciales gracias a esta ley; otras 150 siguen abiertas.
- El debate coincide con un momento especialmente delicado para las instituciones europeas, pues España preside varias comisiones técnicas clave durante este semestre.
- En clave política doméstica, esta polémica ha servido también para visibilizar fisuras internas tanto en PSOE como en las filas independentistas; algunos sectores consideran insuficiente lo logrado mientras otros denuncian cesiones excesivas.
Si algo está claro es que Europa ya no mira hacia otro lado ante los experimentos jurídicos made in Spain: ahora es Bruselas quien examina con lupa cada coma legal —y cada pacto político— salido del Congreso español. Y mientras tanto, Luxemburgo decidirá si estamos ante una página negra o simplemente un capítulo más en nuestro inagotable serial institucional.
