MADRID, 20 (OTR/PRESS)
No hace muchos días rugió la calle contra la reforma educativa diseñada por el ministro Wert. Según el Gobierno y el PP, lo único que pretende es mejorar la calidad de la educación en nuestro país y la mejora de un modelo fallido. Sin embargo el resto de las fuerzas políticas, empezando por el PSOE, lo ven como un nuevo intento de arreglar unilateralmente esta asignatura pendiente de la democracia española. Con fuerte contestación en las aulas y en la calle («¡Esta reforma la vamos a parar¡»), lo que significa que el proyecto, finalmente fletado en el Consejo de Ministros del viernes pasado, nace sin la forja de un consenso previo de carácter político, social y corporativo.
Ahora es el PP en el poder el que trata de hacer de su capa un sayo, como antes hizo el PSOE (LOGSE 1990 y LOE 2006). Me temo otro bandazo. Mal asunto. Las señales no auguran nada bueno. Profesores, estudiantes y padres de alumnos ya han pedido en la calle la dimisión del ministro, José Ignacio Wert, en la jornada de huelga general convocada hace once días en todos los niveles de la enseñaza por la Plataforma Estatal por la Educación Pública (CC. OO, UGT, CGT, sindicatos de estudiantes y padres de la CEAPA).
El proyecto de ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) entra ahora en fase de tramitación parlamentaria. Lo que toca es esperar y desear que deje de ser un proyecto unilateral del partido en el poder. De momento, se trataría de escuchar a los estamentos educativos y lograr un mayor arropamiento parlamentario. No es imposible, si el Gobierno, empezando por el ministro, demuestra tener más cintura política de la demostrada hasta ahora. Conviene extender esta apelación a la flexibilidad de posiciones a quienes arremeten contra la totalidad del proyecto, en bloque, incluso antes de haber entrado en el telar parlamentario.
No es menor la intransigencia que, a título preventivo, demuestra el principal grupo de la oposición. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, amenazó el pasado fin de semana con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, cuando sea ley, si el proyecto no se modifica. Tal y como ha salido del Consejo de Ministros, al líder socialista le parece un proyecto segregador, clasista, retrógrado, privatizador y confesional. La perspectiva es ideológica. Por lo tanto, discutible.
Igual de ideológica y discutible que lo es por el otro lado, el del Gobierno. Empeñarse en querer estar en posesión de la verdad, tanto a un lado como al otro de la barricada ideológica, es incompatible con la necesidad largamente sentida de dotar a España de un buen sistema educativo. Fundamental que sea duradero y estable. Y eso solo se logrará si se asienta sobre los dos pilares centrales de nuestro modelo político, el izquierdo y el derecho. Si España vuelve a tener la desgracia de alumbrar un sistema educativo diseñado unilateralmente, la educación de los nuevos españoles seguirá estando al albur del signo político del gobernante de turno. Y eso sería una pésima noticia.
