Tiene pinta de quedarse en un brindis al sol, porque lo que le gusta de verdad al PSOE es abrazarse a los independentistas catalanes, los proetarras vascos y todo tipo de zarrapastrosos antiespañol, pero el órdago de Pablo Casado está sobre la mesa de Pablo Sánchez.
Si el Gobierno socialcomunista tuviera un mínimo de vergüenza democrática, daría marcha atrás de manera inmediata en su intento de asaltar el Poder Judicial y aceptaría negociar con el PP una reforma orientada a garantizar la independencia del órgano de los jueces en lugar de intentar controlarlos.
Si el Gobierno socialcomunista tuviera un mínimo de decencia política aceptaría pactar por el bien de la Justicia, en lugar de pretender domeñarla. El lunes, el PP presentará una proposición de ley orientada precisamente a despolitizar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El modelo del PP partirá del artículo 122.3 de la Constitución e introducirá un cambio en su desarrollo. La proposición de ley del Partido Popular propondrá que la elección política de los candidatos se haga sobre una preselección previa de entre 30 y 40 nombres -un número que se baraja como probable es el de 36- llevada a cabo por los jueces.
Los candidatos que lleguen a esa lista de 30 a 40 tendrán que contar con un número elevado de avales, de forma, que deberán gozar de una aceptación generalizada para poder ser admitidos como candidatos.
Asimismo, el PP exigirá que los socialistas retiren su totalitaria propuesta de elección de los vocales del Consejo y que Podemos no tenga nada que ver en este proceso «como partido imputado que arremete contra el Poder Judicial y contra el Rey».
A nadie se le oculta que el intento de quebrar la separación de poderes del socialcomunismo responde al interés de Pablo Iglesias de contar con un CGPJ dócil ante el negro horizonte penal que se les viene encima.
La propuesta del PP no es la panacea ni resuelve la politización crónica del CGPJ, pero sí que supone un salto cualitativo en aras a dotar de mayor independencia a la Justicia.
Sánchez, evidentemente, rechazará la iniciativa del PP, porque su interés es perpetuarse en el poder por la vía de doblegar a las instituciones del Estado. Dirá que no, pero en su negativa irá implícita su verdadera intención totalitaria.
