En la actualidad, el Gobierno en pleno y todos los ejes mediáticos e institucionales –incluida la Benemérita— constituyen ese Ministerio de la Verdad orwelliano del que hablamos en el artículo anterior. ¿Vemos alguna noticia que critique o desmienta cualquier actuación del Gobierno? Ninguna, y miren que se están vulnerando derechos individuales y colectivos en múltiples ámbitos. Se están cambiando las reglas del juego, léase política, y los medios callan o le dan la vuelta manipulando el lenguaje. Tenemos un Gobierno de delincuentes, pero la mayor parte de la sociedad no se ha enterado, porque la verdad no se cuenta en la prensa tradicional. Los medios se han convertido en meros voceros de propaganda al servicio del poder. Si nos lo hubieran dicho hace algunos años habríamos dicho que eran vaticinios de agoreros sensacionalistas.
Y es aquí donde entra en juego el Centro Criptográfico Nacional (CNN), dependiente del CNI, ese organismo que se ocupa de salvaguardar los temas de Estado, en el que Pablo Iglesias, según la ley, no debería estar, y que entró por la puerta de atrás aprovechando la nocturnidad del confinamiento. Pues bien, este organismo ha creado un laboratorio, denominado Observatorio Digital Elisa, para analizar la desinformación, la descontextualización de noticias, los bulos o las fake news. Hablamos de esto hace un par de semanas, pero prometimos volver sobre ello y aquí estamos.
Este nuevo chiringuito del CNI, el observatorio Elisa, tiene alistada a casi toda la “peña” de disidentes. El genérico disidentes abarca no solo a los antiglobalistas, antisionistas o a aquellos que no aceptan la gravedad de la epidemia y los embustes oficiales, sino a quienes manifiestan opiniones contrarias a la ciencia o a la historia oficiales.
¿Pero qué es la desinformación y los bulos, según la visión del CNI, redactada para favorecer al Gobierno socialcomunista? Según estos “sabios” al servicio de la nueva dictadura, la desinformación surge de los siguientes elementos: falta de transparencia u ocultación de la fuente, “distribución de noticias falsas, manipuladas o descontextualizadas; distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de los principales pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de un Estado democrático”. Estos pilares serían: confianza en el pensamiento científico, en las instituciones públicas nacionales, en el sistema económico y financiero y en los medios de comunicación tradicionales. Esto es totalmente orwelliano y no tiene desperdicio, créanme. Es de vergüenza, porque es el presidente con su vicepresidente imputado quienes, al alimón, están demoliendo todo el cuerpo institucional, dinamitando incluso los cimientos. La corrupción de los anteriores gobiernos, incluso el de Felipe González, es el chocolate del loro, comparado con esta banda de salteadores a gran escala.
No obstante, en el primer punto del documento podríamos estar de acuerdo. Es muy molesto, ciertamente, que nos cuelen noticias falsas o manipuladas, hechas a mala fe, y tener que perder tiempo contrastándolas. Ahora bien, lo que el Gobierno cataloga como bulo o desinformación podríamos definirlo como toda verdad u opinión que vaya en contra de sus intereses, y, por tanto, debe ser censurada. De facto, así es. Algo totalmente contrario a la misión del periodista, que es precisamente “contar aquello que el poder quiere ocultar”.
En cuando a la “ocultación de la fuente”, el periodista tiene el DEBER de publicar verdades incómodas de interés público, así como el DERECHO a proteger sus fuentes. Son códigos deontólogicos internacionales que funcionan en todo el mundo excepto en regímenes totalitarios como Cuba, China, las dictaduras bolivarianas y, ahora, España. Como suena. En España, de hecho, no existe libertad de expresión y esto va a peor. Se acaba de aprobar en el Congreso el control de las redes sociales. Cualquiera de los inquisidores de “maldita” tiene la facultad de dictaminar qué contenidos son los adecuados, es decir, “legales” y cuáles no, en función de cómo afecten al Gobierno totalitario y a los intereses del sistema. Se trata de vigilar, perseguir y quién sabe si cosas peores a quienes disientan no solo de los gobernantes, de su ideología, sus decretos, su despilfarro público o sus gastos sibaritas en el Falcon o en la Mareta, sino que será punible opinar de muchas otras cuestiones relativas al Nuevo Orden Mundial, o la Nueva Gobernanza como así le gusta llamar al mentiroso maniquí de Aló Presidente, o mostrarse en contra del globalismo salvaje de las élites y de sus personajes siniestros, como Soros, Rothschild, Rockefeller o Gates, por citar a los que más suenan. Es decir, que nos fagociten, pero nosotros calladitos. Por esta misma norma, tampoco podríamos informar y criticar la tesis falsa del presidente del Gobierno, o decir que fue pillado metiendo votos en la urna, que se fue en helicóptero a la boda de su cuñado, que hace el hortera acudiendo con un séquito de cuatro docenas coches, al estilo del sultán de Brunéi, o que los marqueses de Galapagar se han enriquecido con el dinero del narcotráfico. Todo esto no ayuda al sustento de la cohesión del Estado democrático al que se alude, creo yo. Sin embargo, los hechos son los que son. En el próximo artículo continuamos hablando sobre el informe del CNI, su persecución a los disidentes y su fijación con VOX por atreverse a posicionarse contra el globalismo feroz de las élites y haber mancillado el nombre de Soros.
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