Está lejos, muy lejos de la imagen y de los modales que se le presuponen a un miembro del Gobierno de España.
El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, demostró que, por encima de todo, impera en él el más rancio sectarismo.
Y así se pronució en un acto en Mieres (Asturias) cuando le preguntaron por el viaje del rey emérito, Juan Carlos I, a España:
Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo y que toda España sabe que esa persona es un ladrón. Estamos ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real y desde la jefatura del Estado.
El titular de Consumo se creció ante la concurrencia y añadió que:
Juan Carlos I no tiene ya causas abiertas en España, no porque sea inocente, sino porque mucha de esa información se refería a los tiempos en que era inviolable. La pregunta importante en estos momentos para los demócratas es: ¿se ha hecho algo en este país para que si en algún momento Felipe VI quiera hacer lo mismo que su padre no pueda suceder? La respuesta es ‘no’, no se ha hecho nada.
Don Juan Carlos I ha sido calumniado por un exvicepresidente del Gobierno, la terrible Carmen Calvo, la egabrense que confunde el Mediterráneo con el Atlántico, y por un ministro del actual Gobierno, el sostenido por el terrorismo de la ETA, el separatismo de ERC y el vertedero de Izquierda Unida y Podemos. El ministro de Consumo, eso que responde al nombre y apellido de Alberto Garzón, ha acusado al viejo Rey «de haberse servido de las instituciones del Estado para ser un delincuente acreditado».
Ussía esgrime el Código Penal para que Garzón se vaya haciendo a la idea de la pena que puede tener su ataque al monarca emérito:
Nos recuerda Santiago González en su columna del diario El Mundo, un tramo del artículo 205 del Código Penal: «La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad es calumnia». Pero el presidente del Gobierno, el que maneja a su antojo los ataques contra la Monarquía y la Constitución de 1978, no ha reaccionado a la villanía de la palabras de su ministro más tonto, que ya es mérito. Más tonto y más cercano a la comisión de un grave delito.
Con fina ironía transforma un principio constitucional para que se le aplique única y exclusivamente al rey de España:
«Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a entrar y salir libremente de España». Creo que habría de añadirse un estrambote a este reconocimiento constitucional de nuestra libertad. «Tienen derecho a entrar y salir libremente de España, exceptuando al Rey que nos concedió el derecho a entrar y salir libremente de España. Este Rey sólo podrá visitar 48 horas cada dos años la localidad de Sangenjo, y acudir a Madrid a visitar en privado a su hijo el Rey, siempre que el presidente del Gobierno lo autorice, después de consultar con Podemos, Izquierda Unida, la ETA y el separatismo catalán». Así, al menos, sabríamos con quienes nos la estamos jugando, que lo sabemos.
