OPINIÓN

Pedro Manuel Hernández López: «No ofende quien quiere, sino quien puede»

Pedro Manuel Hernández López: "No ofende quien quiere, sino quien puede"

He tenido la oportunidad de ver y seguir, casualmente, las declaraciones de la ministra María Jesús Montero –la “Farruquita de Triana”– a Susanna Griso con motivo del debate sobre el Parque Nacional de Doñana y la regulación de regadíos planteada por el PP en Andalucía. Conociendo su historial y verborrea –cuando era Consejera de Salud en la Junta de Andalucía con Griñán—no me extraña en absoluto las mentiras y los dardos envenenados que ha lanzado sobre la persona y presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y, de paso, como quien no quiere la cosa, contra el PP de Alberto Núñez Feijoó.

Del presidente Moreno Bonilla –entre otras cosas– ha dicho que “con su Ley de regadíos de Doñana puede meter al país en sanciones gravísimas de la UE y dañar seriamente la reputación de los productos agroalimentarios de Huelva en los mercados internacionales y, por tanto, afectar gravemente a su agricultura”. Además de calificarle de “señorito andaluz” –el clásico y ancestral mantra de la sempiterna y rancia izquierda andaluza hacia la derecha — le ha tildado de “presidente empachado de su mayoría absoluta”. No contenta con estos piropos, ha seguido afirmando que “nos tiene acostumbrados a echar balones fuera, a no asumir responsabilidades, a repartir la culpa y a no escuchar a nadie; además, más allá de eso, lo grave es que se trata de preservar Doñana, que por tratarse de unos de los pulmones básicos de Europa, está sometida a un seguimiento continuo por parte del Gobierno de España.

Ha acusado al parlamento andaluz de contravenir al comité de expertos y las recomendaciones de la UE y del Gobierno de España. No hay agua para repartir y, además, hay una sentencia del Tribunal Supremo por la que deben sellarse los pozos ilegales. Se trata de una huida hacia adelante del gobierno de Juanma negando el problema y planteando una situación engañosa para los agricultores. Por si no le bastaran con las mentiras vertidas sobre el tema, ahí van estas. ¡Éramos pocos y parió la abuela!

Ha concluido su retahíla de mentiras –de corrido y casi sin respirar—acusándole de practicar “una política de regate corto y que se corresponde con cortoplacistas intereses electorales”. Para completarle el perfil solo le ha faltado añadirle el calificativo de “facha” que ellos siempre lo usan unido al de “señorito andaluz”. Claro que si es cierto lo que nos dice el viejo adagio popular que “no ofende quien quiere sino quien puede” —o como decía el famoso jurisconsulto romano Domicio Ulpiano (siglo III d.C) que “no siempre queda injuriado aquel que sufre la injuria”—Juanma no debe haberse sentido ofendido en lo más mínimo, dada la talla personal y política de la ministra Montero.

Todo esto ha venido a cuenta porque el parlamento andaluz ha dado luz verde a la Ley que regularizará los regadíos en el entorno del parque nacional de Doñana y que tiene previsto llevar al Tribunal Constitucional en el momento en que se apruebe por tramitación exprés. Se trata de prometer agua a los cientos de familias de agricultores, siempre superficial, afectadas desde siempre por la injusticia histórica del PSOE. Es bien sabido que tener una sensibilidad extraordinaria con el medio ambiente, con la sostenibilidad de nuestro planeta, y de nuestro país – concretamente con Doñana y el Mar Menor– ha sido, es y será una de las mayores preocupaciones del PP, tanto a nivel nacional como en las Comunidades Autónomas donde gobierna, como muy bien ha manifestado Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP.
En este sentido, ha calificado de “desmesurada la polémica Ley sobre Doñana porque cree que cualquier cosa que se haga de ahora en adelante va a ser objeto de un debate no analizado con la objetividad y reflexión necesaria, al estar ya inmersos en un proceso electoral”. No obstante, ha insistido en que esta situación lleva décadas sin abordarse “correctamente” pese a las continuas y repetidas alertas desde la Comisión Europea y que con la propuesta de Ley del gobierno de la Junta de Andalucía lo que se pretende es “garantizar la actividad económica y la protección medioambiental gracias a una comisión técnica de expertos que analizará qué terrenos pueden ser regularizados o no”. La actitud del Ejecutivo de Sánchez – con frecuencia se olvida que Andalucía ha estado 41 años sometida al férreo gobierno y corrupto yugo del PSOE-A– ha obligado a que Juanma Moreno, al frente de su Ejecutivo, saque su “vena andalucista” en defensa del plan de Doñana para regularizar los regadíos ilegales.

Pese a haber tenido que ausentarse del debate parlamentario sobre la proposición de ley que afecta a los regadíos en el Parque Nacional de Doñana, Juanma –como acostumbra por noma—no se ha escondido ni ha rehuido el debate y ha vuelto a manifestar que no ha “engañado” a nadie con esta proposición de ley que ya figuraba en el programa electoral del PP en las últimas elecciones en las que obtuvo una aplastante mayoría absoluta y 58 diputados. Su plan “blinda” a Doñana porque le da seguridad jurídica al plan de nuevos regadíos de la comarca onubense del Condado y supone un punto final a los pinchazos de los acuíferos y a la injusticia que sufren miles de familias de regantes. Con esta ley se cambiará la calificación de estas parcelas, de secano a regadío, pero condicionando su uso a que no se rieguen con aguas del acuífero, sino de superficie, competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Según la directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijerla: “La sobreexplotación continuada en tiempo y forma del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío y se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del tribunal de Justicia Europeo” ya que el alto tribunal de Luxemburgo condenó a España en 2021 por no proteger a Doñana del expolio del agua que viene padeciendo desde hace más de una década .para alimentar la industria de regadío de fresas y frutos rojos de la provincia de Huelva, su fundamental pilar económico. Si mi memoria no me falla y no suele fallarme, quién gobernaba entonces era José Antonio Griñán, ahora condenado a 6 años de cárcel por malversación en el caso de los ERE ¿Acaso Griñón no era miembro activo e importante barón del PSOE? ¿No viene arrastrando este problema el acuífero de Doñana desde 1995

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acusa al presidente andaluz de “irresponsabilidad y mala fe con Doñana y los onubenses por un mal cálculo electoral” y lo define como un “acosador y señorito que esquilma Doñana y miente a las miles de familias de agricultores onubenses ofreciéndoles y prometiéndoles un agua que no existe”. Vuelve a olvidarse la ministra, que quien realmente está poniendo la zona en peligro y azuzando a la UE contra la Junta, es el Gobierno de Sánchez a través de sus repetidos desencuentros y choques partidistas. Es de una terrible incongruencia y enorme frivolidad las falsedades con que el Sanchismo está intoxicando a la UE, ahora, cuando el gobierno de la Junta de Andalucía intenta solucionar este grave problema.

Que defiendan, entre comillas, Doñana quienes durante muchísimos años han permitido que con su inanición se vulneren los acuíferos, es de una ironía que raya en el esperpento político. ¿Qué ha sido de esas obras hace años proyectadas en las demarcaciones del Tinto, Odiel, Piedras y del Guadalquivir cuya ejecución iba a ser inmediata por ser de “interés general del Estado” e iban a posibilitar el cese de los sondeos, la eliminación de las captaciones de aguas y la llegada del agua superficial? ¿No ha habido presupuesto o los ERE arrasaron con todo? No olvidemos que no se trata de grandes superficies sino de pequeños agricultores, de más de 100.000 personas que si no trabajan en el campo no tienen otra alternativa de vida. Se trata de una cuestión de ordenación del territorio y no es una amnistía para nadie

Por encima de todo esto, el gobierno de Juanma Moreno tiene una cosa muy clara y una línea roja que jamás piensa traspasar y que no va a consentir que nadie la cruce: “Doñana y su acuífero son intocables”…porque no ofende quien quiere, sino quien puede y, una vez más Sánchez y sus ministros no han podido a pesar de haberlo intentado con insultos y amenazas.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia

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