Parece imposible que exista un acuerdo académico para datar cronológicamente cuándo nació España. Su origen ha generado intensos debates por la gran complejidad y diversidad histórica de ese territorio conocido como España. Tradicionalmente, se ha considerado que su inicio se situa a finales del siglo XV con la histórica unificación de los reinos de Castilla y León, tras la toma de Granada en 1492, por los Reyes Católicos.
No obstante, esta visión es solo una de las posibles, pues su concepto ha ido transformándose a través de las distintas épocas adoptando la forma de un «estado», «nación», «identidad cultural», de «espacio geográfico» e, incluso, de ese «esperpéntico y nefasto concepto» –acuñado por el cínico y ominoso presidente Zapatero– con el que se refiere a España y la define solo como un «mero concepto discutible y discutido».
Los conceptos de «Estado», «Nación» y «País» suelen usarse, a menudo, de modo coloquial e indistintamente, generando muchos infructuosos debates y malentendidos cuando los límites territoriales no coinciden con las identidades culturales o étnicas de una población o cuando múltiples grupos étnicos conviven mezclados dentro de un mismo territorio. «Estado» es un concepto referido a una entidad política, soberana y organizada que ejerce autoridad sobre un espacio definido y su población». En el destacan los cuatro «elementos esenciales» que engloba dicho concepto:
«Territorio»: pues tiene límites geográficos claramente definidos que incluyen tierras, agua y espacio aéreo. Son sus «fronteras» naturales.
«Soberanía»: posee el poder supremo y la autoridad para tomar decisiones dentro de sus fronteras sin interferencia externa.
«Población»: Incluye a las personas que residen dentro de sus límites y que están sujetas a la autoridad del Estado, bien por nacimiento o por elección .
«Gobierno»: Posee una estructura de administración gubernamental que establece leyes, reglas y políticas que regulan la vida de su población y administra sus asuntos internos y externos.
Según esta definición, a España se la considera propiamente un «Estado» a partir de la Constitución de 1978, en su Título preliminar, Art. 1, recoge que: <<España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político >>.
Desde que en 2004, Zapatero –en una de sus bravatas, para aparentar ser más «progre y novedoso»que sus antecesores, hizo pública su gran «parída mental» en forma de esa ridícula sentencia sobre que «España es un concepto discutido y discutible» ha marcado las futuras actuaciones del PSOE, sobretodo– desde que Sánchez, su alumno más aventajado– se apropió de esa y otras idioteces semánticas y las está llevando hasta sus máximas consecuencias, para beneficio de separatistas y golpistas y desgracia del país.
Con el fin de justificar ese absurdo precepto recurrió, como suele hacer, a una idiotez aún mayor y se refirió a España como una “Nación de Naciones”, es otro neologismo de múltiples definiciones al gusto de cada cual, que tanto gusta a los progres y a la «izquierda caviar» cuando carecen de argumentos sólidos para defender sus ideales o refutar los ajenos y que entre sus incondicionales y serviles adeptos, les funciona bien y mucho.
Es un hecho bien corroborado que Sánchez no oculta que no cree en la «nación española» y, lo demuestra con meridiana claridad en las continuas acciones y devaneos de veleta al viento que solo gira para contentar a sus parásitos y vasallos quienes le sostienen el sillón monclovita y en la puesta en marcha de su panfleto “Manual de Resistencia” –publicado en 2019–, para aplicarlo en la España «apática» y «consentidora».
¿Por qué ni Zapatero ni Sánchez ni el resto de dirigentes de la nueva «divine gauche», son incapaces de utilizar los mismos argumentos absurdos para referirse a Cataluña o Euskadi? Nunca vemos que se dirijan a los líderes separatistas para instarles o aclararles que, Cataluña, Euskadi, o cualquier otra comunidad otra con ideales independentistas, son tambien «conceptos muy discutidos y muy discutibles».
¿Sólo la nación española debe ser «discutida y discutible»? ¿Sólo España está obligada a dividirse y a cuartearse a capricho de «estos» pocos descerebrados indeseables? ¿Sólo el Estado tiene “obligaciones” con las autonomías? ¿Por qué con Pedro Sánchez, Podemos, Sumar, ERC, EH-Bildu, JxC y el resto de partidos separoindependentistas los Derechos Constitucionales han dejado de ser patrimonio universal de todos los españoles?
Este es el objetivo real que intentan alcanzar estos partidos políticos sabedores de que es la única vía, sin llegar a otra guerra civil, para lograr la división y la secesión territorial en medio de una Europa que lucha a diario por mantenerse unida, al menos económicamente.
Conociendo la aviesa astucia de Sánchez y su patológica mitomanía a «cambiar de opinión» ( mentir), no sería nada extraño que en el pacto con la golpista cúpula de Junts no hubiera una «trampa saducea» muy oculta para los partidos de la oposición fachosferica y apalabrada a dos bandas con sus trileros socios. Mientras Junts insisten en reclamarle a Sánchez todas las competencias «en inmigración», él se empecina en negarles su concesión o, al menos, eso es lo que dice o aparenta de cara a la galería política y mediática.
No obstante, las futuras y casi seguras cesiones de Sánchez a Puigdemont y a su banda están centradas –desde hace ya casi un año– en el foco del debate entre el Gobierno y el resto de partidos del actual espectro político.
Sánchez, tras «haber cedido» –con bajada de pantalones incluida– dichas competencias ante el «Puchi» del palacete de Waterloo, vuelve otra vez a «mentirnos» (cambiar de opinión, pues él nunca miente),se auto corrige desmintiendo a Junts y asegurando que la «inmigración irregular y el control de las fronteras seguirá en manos del Estado al ser el único que tiene las competencias en politica migratoria»[…].
A pesar de sus frecuentes «cambios de opinión»(mentiras) los nois de Junts le siguen reclamando una política nacional de inmigración para Cataluña, que ese traslado de competencias sea «integral» y que el regreso a España del «molt honorable» Puigdemont se materialice ya. Aunque Sánchez ha insistido en que no habrá una política catalana migratoria «a la carta», porque el Art. 149, 1, 2ª de Constitución es muy claro sobre este asunto y recoge que «el Estado es quien tiene las competencias en nacionalidad, inmigración, derechos de asilos, emigración y extranjería», no sé por qué este asunto me huele a gato encerrado, pese a que haya rematado su disertación, aclarando que tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el de Andalucía tienen «recogidas» y bien «definidas» todas sus competencias.
El acuerdo de ceder a Cataluña las competencias de inmigración — alcanzado con el trilero y «puto amo» Sánchez( Puente dixit)– les otorga «vía libre» para elegir cómo gestionarla, para decidir quién entra, quién se queda en Cataluña y a quién se envía a otros territorios, mejorar el autogobierno y también gestionar las condiciones de vida como establezcan las instituciones catalanas, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia y «adecuada a las necesidades y a la realidad» de ese «especial» y «privilegiado» territorio. Esto, en román paladino y para que se entienda, significa que : «este especial modelo de gestión del control de las fronteras aéreas , terrestres y marítimas queda supeditado sólo a la Generalitat y al Parlament regional, sin ninguna mediación del Gobierno de España y sin mención alguna a la UE».
El nuevo juego politico entre el trilero Sánchez, el tahur «Puchi» y sus golpistas va a dar mucho que hablar entre el resto de CC AA; de ser cierto lo que afirma Junts en su círculo interno, la reforma tiene que hacerse mediante la vía del Art. 150. 2 de la Constitución Española y a través de una ley orgánica concreta y especifica «solo para Cataluña» y para nadie más. La delegación de competencias siempre deben ir acompañadas de los recursos necesarios para permitir a Cataluña realizar esencialmente su deseada «política integral»de inmigración.
Pero como todo no puede ser miel sobre hojuelas y, además, ¡con la UE hemos topado, amigo Puchi!, resulta que el Parlamento europeo «sólo reconoce al Estado español para hablar de inmigración dentro de las fronteras españolas» y, que a su vez, son las europeas.
Por tanto, de confirmarse ese «pacto secreto» con los detalles filtrados por Junts, el Gobierno de Sánchez y su banda de socios socialcomunistas habrían pactado irresponsablemente pero con «premeditación», «alevosía», «sin luz ni taquigrafos» la destrucción oficial y jurídica del «Estado Español», uno de los más antiguos de la vieja Europa, después de Bulgaria.
En la reciente entrevista realizada por Susana Griso al ex presidente Aznar en «Espejo público» de A3, sobre la cesión de las competencias en el control de fronteras a Cataluña, sus respuestas –irrefutables y claras– no han dejado a nadie indiferente al expresar con rotundidad y sin titubear, su intensa preocupación por las posibles consecuencias futuras, señalando que: […] «Lo que me gustaría saber es lo que se ha pactado y todavía no sabemos. Y yo tengo una impresión al respecto».
Aznar ha especulado sobre esa posible cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña y ha indicado que “eso es lo más probable y bastante peligroso para el futuro de España». Por otro lado, ha argumentado que: […] “si un Estado cede las competencias en inmigración, está cediendo las competencias del «control» de la inmigración. El control de la inmigración se produce en las fronteras y por tanto, cede las competencias de fronteras y, si un Estado cede el control de «sus» competencias en fronteras, deja de ser un Estado. Eso es lo que real y exactamente quieren Puigdemont y Junts, que «España deje de ser un Estado», que es lo que Sánchez está facilitando, a pesar de que, todo eso lo podía haber evitado, con un voto gratis del PP”.
Aunque por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un «absoluto» y «sospechoso» silencio sobre el devenir de la cesión de competencias y únicamente afirma que respetará la Constitución, da la impresión –y no ligera– que oculta algo muy grave y nada halagüeño para España. ¿Recuerdan aquel histórico y famoso adagio –«qui tacet, consentire videtur» (quien calla, otorga)–que Tomás Moro usó en su juicio para defenderse ante el rey de las acusaciones de Cromwel? Pues eso. No descarto que Sánchez haya pactado tácita y calladamente con el inquilino de Waterloo el connivente traspaso de todas esas intransferibles competencias a Cataluña, con las que España dejará de ser un Estado.
Todo esto es un nuevo y grave error, una descarada e impudica inmoralidad y una irrefutable incompetencia más del megalómano Sánchez en materia de lealtad institucional y obligada coordinación política debida al resto de CCAA –de las que carece– y que paso a paso, sin prisa pero sin pausa, va consolidando gracias a esos 7 cicateros y vitales votos para sobrevivir en el poder y conducir a España a ninguna parte dentro de su laberinto político.
Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
