Alfonso Rojo que se pregunta sobre esa curiosa manera de aplicar Justicia en la que, por ejemplo, se castiga más un supuesto fraude fiscal que a los responsables de una macrofiesta en Madrid que se saldó con cinco niñas muertas:
España es así, pero cuesta digerirlo. Aquí le piden 19 años de cárcel a Urdangarín por forrarse aprovechando su planta y parentela o solicitan 11 de prisión para Cotino por irregularidades en el viaje del Papa aValencia y el fiscal se conforma con requerir 4 para Flores, el voraz empresario del «Madrid Arena», donde murieron cinco niñas, y rebaja a año y seis meses la pena para los doctores que cobraban por estar de adorno en mitad de la tragedia.
Dice que:
A todo el mundo se le llena la boca con frases altisonantes sobre la Justicia y el respeto que merecen las sentencias judiciales, pero algo no cuadra. ¿Cómo es posible que Rafa Nadal se querelle por difamación contra la ex ministra Bachelot por acusarle de doparse y el Tribunal de París entienda que 100.000 es una cantidad razonable y que en España te demande un tal Gonzalo Boyé por recordar en televisión que antes de hacerse abogado fue condenado a 14 años por participar con ETA en el secuestro de Revilla y te hagan ir de penitente a los juzgados de Móstoles para hacer frente a una reclamación de 300.000, porque el tipejo entiende que evocar su siniestro pasado daña su honor?
Sale de refilón el nombre de Bertín Osborne en los ‘Papeles de Panamá’ y lo primero que hace el Ministerio de Industria es cancelar el contrato para que protagonice la campaña sobre eficiencia energética. Y al juez Moreno le ha faltado un minuto para ordenar el embargo de bienes de Imanol Arias y Ana Duato, pero no hay un magistrado, un fiscal o un político sensato que haya dicho ni mus a propósito de las turbias conexiones de Pablo Iglesias y sus compinches con la Venezuela chavista y el Irán de los ayatolás.
Y asegura que:
Sorprende el silencio timorato del PSOE sobre Podemos, pero mucho más la nula presión judicial. Y no será porque falten indicios o escaseen los testimonios. No se trata sólo de lo que reveló el ex ministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea a la DEA y después a la UDEF. El presidente de la Asamblea asegura tener en su poder el documento que demuestra que «Coleta Morada» recibió 250.000 dólares en 2014 y reitera que los podemitas han sido financiados con millones. ¿Alguien sabe por qué no hay comisiones rogatorias a Caracas o expedientes abiertos en un juzgado de Madrid? Lo único que se me ocurre es que en ese asunto hay que remar contra la corriente y a sus ilustrísimas les entra flojera.
