Casimiro García-Abadillo hace balance del primer año de los llamados ‘alcaldes del cambio’. El resumen de sus actuaciones es, directamente, desolador:
Ayer se cumplió un año de las elecciones municipales y autonómicas que supusieron un vuelco político histórico y el fin del bipartidismo en autonomías y ayuntamientos.
A un mes de las elecciones generales, el balance de la gestión de esos gobiernos del cambio se convierte en un elemento fundamental de la batalla política. Hasta tal punto, que Pablo Iglesias ha decidido colocar en las listas al Congreso a algunos alcaldes que, en su opinión, reflejan a la perfección lo que sería un Gobierno de Podemos.
Comienza con la primera edil de la capital de España:
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha negado a seguirle el juego al líder de Podemos y no irá en la candidatura al Congreso. Hace bien. Ella juega a ser la alcaldesa de todos lo madrileños y eso la salva, en parte, de lo que ha sido un modo de gobernar marcado por el sectarismo y la ideología. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad, estimó ayer en 160.000 los empleos perdidos por decisiones que han paralizado grandes proyectos urbanísticos. Aunque las cifras son siempre discutibles, está claro que este Ayuntamiento ha preferido poner coto a la generación de riqueza, que en Podemos se identifica de forma simplista con la especulación. En la memoria de los ciudadanos quedan las polémicas sobre el cambio de nombre de las calles, los tuits provocadores de un concejal y otras cuestiones por el estilo, que no han mejorado en absoluto su calidad de vida o mejorado la prestación de servicios.
Sobre Ada Colau y Kichi:
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y José María González ‘Kichi’, regidor de Cádiz, sí han aceptado la propuesta de Iglesias de adjuntar sus nombres a las listas para «sumar», se supone que votos.
Colau gobierna en uno de los ayuntamientos del cambio que aún no tiene aprobados sus presupuestos. Esta semana, la alcaldesa vive justamente los peores momentos desde su nombramiento. Uno de sus concejales presionó a la abogada de la Guardia Urbana para evitar que una denuncia por agresión pudiera dar en la cárcel con un mantero, que golpeó en la cabeza a un agente con un palo. A ello se suman los incidentes en el barrio de Gràcia por el desalojo de una sucursal bancaria ocupada desde hace más de dos años.
Para evitar líos, el alcalde anterior había utilizado fondos municipales para pagar el local ocupado. Los afectados, al enterarse, han puesto el grito en el cielo por esa «decisión paternalista». Ellos no quieren favores, sino hacerse con una propiedad que, por su cuenta y riesgo, han decidido «expropiar».
Lo peor es que la alcaldesa, que ha criticado la violencia de los ocupas, ha justificado su protesta. Es decir, que considera lógico y hasta deseable que un grupo antisistema se apropie de forma ilegal de una sucursal bancaria, en un acto de justicia social.
Por su parte, el alcalde de Cádiz vive su particular semana de pasión a cuenta de unas declaraciones en las que manifestaba estar a favor de un vendedor ambulante y en contra de los agentes que le increparon. Todos los sindicatos policiales están en pie de guerra contra el responsable del Ayuntamiento.
«Hay que recordar de dónde venimos», decía ayer Colau en un tuit de autopropaganda conmemorativa. Ese es el problema. Muchos de los alcaldes del cambio han estado más pendientes de no defraudar a sus grupos de apoyo que de gobernar para todos.
Pedro Sánchez justificó ayer la entrada del PSC en el Consistorio de Barcelona como una forma de «acabar con el postureo».
La breve historia de los ayuntamientos del cambio ha sido suficientemente aleccionadora como para hacerse una idea de lo que nos espera si, finalmente, tenemos un Gobierno codirigido por Podemos.
