Uno de los conceptos más promocionados y elevado a la «categoria estelar» por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria es el de la “migración circular”. Sobre el papel, la idea suena razonable: << es permitir la entrada legal y temporal de trabajadores extranjeros para empleos estacionales, con retorno pactado a sus países de origen, una vez finalizado el contrato. Un sistema, dicen, que beneficia a todos: los migrantes trabajan legalmente, los empresarios cubren vacantes, el Estado evita la irregularidad y los países emisores reciben a ciudadanos con experiencia y recursos. Todo muy redondo…y demasiado bonito.
En la práctica, el modelo dista mucho de esa imagen tan idílica. La migración circular sanchista no es más que otro artefacto retórico, un recurso de su especial marketing político que disimula la verdadera naturaleza de su «fracasada» política de fronteras, esa, la de puertas abiertas, la del descontrol administrativo y la del blanqueo progresivo de la inmigración irregular.
Este tipo de programas– que se aplica con éxito en algunos países con estructuras jurídicas estables y sistemas migratorios robustos– requiere unas condiciones básicas que España, a día de hoy, no cumple. Para que funcione y bien , es imprescindible que el migrante regrese efectivamente a su país una vez expirado el contrato. Y eso, simplemente, no sucede nunca ni con la regularidad que exige el modelo.
De hecho, una parte muy significativa de los trabajadores temporales que acceden a España por estos cauces, no vuelve a su país de origen, aquí permanecen en situación irregular y, a los pocos años, regularizan su estatus mediante los procesos llamados de “arraigo”, aprovechando las facilidades que el propio Gobierno ha promovido. En resumen: se entra legalmente por una puerta pequeña, se permanece al margen de la ley y, tarde o temprano, se obtiene la residencia. Todo ello mientras se accede a todos los servicios públicos financiados por los contribuyentes españoles.
El modelo –lejos de frenar la inmigración desordenada y la incentiva bajo un disfraz de legalidad, y lo que es peor– se convierte en una «coartada perfecta» para no abordar el verdadero problema de fondo: la incapacidad del Estado para gestionar flujos migratorios de forma eficiente y sostenible.
Desde el Ejecutivo se asegura que estos programas evitan la explotación laboral y combaten las mafias, pero los datos no acompañan y, mucho menos, lo corroboran. La mayoría de los empleadores prefieren seguir contratando «en negro» a los migrantes sin papeles, para así no asumir los costes ni las responsabilidades legales de los contratos temporales oficiales. Por otro lado, los países de origen y emisores –con los que supuestamente se negocian estos flujos circulares– no siempre colaboran activamente en el retorno de sus nacionales, ya que no existen mecanismos eficaces para forzarlo.
Baste un ejemplo: Mauritania, –país teóricamente “socio prioritario” en esta política– se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de inmigración irregular hacia Canarias. Solo en los tres primeros meses de 2025, más de 7.000 inmigrantes han llegado en patera desde sus costas, según datos del Ministerio del Interior. ¿Dónde queda entonces el control real, el retorno pactado y la cooperación efectiva…?
Al final, el sistema no sólo falla, sino que acaba reforzando la percepción de «impunidad» y de «irregularidad». La migración circular sanchista es, en el fondo, un parche estético sobre una política migratoria profundamente ideologizada y abocada al fracaso. Solo sirve para tranquilizar a la Comisión Europea, a determinadas organizaciones internacionales y a los medios afines, pero no resuelve el desbordamiento de nuestras capacidades de acogida, ni garantiza la cohesión social en barrios tensionados, ni frena la llegada masiva de pateras ni los problemas de seguridad derivados.
La contradicción es evidente. Mientras se defiende una migración ordenada y temporal, el Gobierno sigue aprobando regularizaciones masivas encubiertas, ampliando los supuestos del arraigo familiar, otorgando ayudas sociales sin exigir contraprestaciones y multiplicando el gasto en acogida. Al tiempo que se habla del deseado retorno, se tolera y se fomenta, indirectamente, la permanencia irregular. A la vez, que se firma la cooperación con países emisores, se ignora su gran impacto social en los ciudadanos españoles más vulnerables.
La migración circular, bien diseñada, podría ser útil en ciertos sectores y momentos puntuales. Pero para que funcione bien, necesita una Administración eficaz, voluntad política real de control y de acuerdos bilaterales serios junto a mecanismos de «retorno» inmediatos. Nada de eso encaja en la lógica sanchista, que prefiere el megalómano gesto ideológico al principio de realidad.
Convertir la «migración circular» en una pieza clave del discurso migratorio del Gobierno es otro ejemplo de ese «trampantojo» político e ideológico al que nos tiene acostumbrados Moncloa. Un recurso más para aparentar firmeza donde sólo hay cesión, y para disfrazar como avance lo que no es más que una renuncia encubierta a ejercer la soberanía y el control real y eficaz de nuestras fronteras.
En definitiva, el modelo no es circular: es un auténtico «bumerán» politico e ideológico. Uno que, cuando regrese, lo hará cargado de frustración ciudadana, de inseguridad y desigualdad. Y entonces, como siempre, nos dirán que es culpa de otros…¡de Feijóo, de Abascal o, por qué no, de Franco !…de cualquiera, menos del «puto amo» Sánchez y de su Gobierno de coalición.
