Hay muchos elementos 'tecnicos' en el pufo de las cajas, que van más allá de la presencia de políticos y sindicalistas en sus Consejos de Administración
La ciudadania y con razón, no entiende nada. Porque ya sabemos la cifra: cerca de 24.000 millones de euros. Esa monstruosidad es lo que costará al sufrido contribuyente español sanear Bankia, cuyos desastrosos y voraces gestores se han ido a casa forrados, con enormes indemnizaciones, planes de jubilación dorados y primas majestuosas.
Mucha gente se pregunta por qué el Estado tiene que hacer tamaño esfuerzo cuando son muchos los directivos que han abandonado las Cajas de Ahorro con elevadísimas indemnizaciones tras una dudosa gestión, que obliga a inyectar ayudas públicas a cuenta del sufrido contribuyente.
No faltan voces que incluso piden la intervención del Fiscal General del Estado para que investigue dichas liquidaciones, además de los créditos que muchos de ellos mantienen con las entidades que abandonan.
Los ex directivos, como revela Periodista Digital, han recibido ya más de 93 millones en indemnizaciones.
Nos recuerda el diario ‘El Mundo’ que el Senado de EEUU exigió este 26 de mayo de 2012 la comparecencia de Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase, que tendrá que responder por la pérdida de 2.000 millones de dólares en inversiones de riesgo, una cifra 15 veces inferior a lo que va a tener que aportar el Estado a Bankia.
Eso sucedió al otro lado del Atlántico, horas antes de que José Ignacio Goirigolzarri, en rueda de prensa exculpara al anterior equipo gestor y defendiera una entidad «sólida, eficiente y limpia»:
«No he venido a depurar responsabilidades».
Sobre Rodrigo Rato en particular, matizó que su antecesor tuvo que desarrollar su gestión «en un entorno enormemente convulso y de gran dificultad».
Es cierto que el Banco de España y que éste y el anterior Gobierno adoptaron normas para elevar el nivel de provisiones de la banca.
Pero los reguladores actuaron así porque las cajas -entre ellas, Bankia- tenían una elevadísima exposición al riesgo inmobiliario.
Sin duda, Rato topó con la exigencia de unas nuevas provisiones que no figuraban en sus planes, pero el ex presidente tuvo responsabilidades en la fusión con Bancaja, en la salida a Bolsa y en la gestión de la entidad desde enero de 2010.
Goirigolzarri afirmó que no es el presidente de Bankia quien debe investigar lo que ha sucedido en el pasado, pero sí sería bueno recordarle que tiene la obligación de poner en conocimiento de la Justicia cualquier indicio de delito en las operaciones de la entidad y de destituir a los ejecutivos que no hayan cumplido con sus deberes profesionales.
Hay que insistir en que es inaceptable que el Estado se vea obligado a aportar 23.500 millones de euros a Bankia -500 euros por cada ciudadano- sin una depuración de esas responsabilidades.
No sabemos si ellos pasa por la creación de una comisión parlamentaria de investigación, porque hay muchos elementos ‘tecnicos‘ en el pufo de las cajas, -la proclividad al ladrillo es un ejemplo- que van más allá de la presencia de políticos y sindicalistas en sus Consejos de Administración.
Pero investigar hay que investigar y exigir responsabilidades, también.
