Las graves acusaciones de corrupción realizadas contra el ministro de Fomento, vertidas por un empresario procesado, colocan a José Blanco ante una situación que exige aclaraciones rotundas, inequívocas e inmediatas.
Naturalmente, le acoge al político gallego la presunción de inocencia, pero no debiera olvidar el alto nivel de exigencia moral, jurídica y política que él, siendo secretario de Organización del PSOE, estableció contra los que aparecían implicados en el sumario de la trama Gürtel.
El señor Blanco hará bien en dirigirse a un juez para presentar -como ha anunciado- una querella contra quien le acusa y ha obrado rectamente también no acudiendo al fiscal como hicieron en su día, y vanamente, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del Congreso, José Bono, que ha hecho toda clase de aspavientos y protestas pero no se ha atrevido a acudir a un juez para querellarse contra la supuesta falsedad de las abundantes pruebas que han aparecido en los medios de comunicación, sobre su sorprendente enriquecimiento personal.
Acudir a un juez es una muestra de limpieza procesal que no supieron dar esos dos otros altos cargos socialistas. Pero Blanco ha puesto muy alto el listón y, además, los otros dos políticos implicados en las acusaciones del empresario gallego, uno del BNGa, y otro del PP, han dimitido de sus puestos para afrontar a cuerpo limpio el trámite judicial: esto es precisamente lo que debiera hacer el ministro de Fomento para defender su inocencia y, a no dudar que esa actitud perjudicará menos a su candidatura al Parlamento y a su partido, que el intento de seguir en el Consejo de Ministros como si no hubiese pasado nunca nada, como si no hubiese tratado de ocultar una conversación con su actual acusador citándose con él en una gasolinera, un episodio que ha de aclarar con toda clase de explicaciones si no quiere ser víctima de una sospecha irrefrenable sobre la escasa limpieza de sus relaciones con el personaje procesado.
Conviene a su interés y al de la Justicia que dé ejemplo y se defienda de las maledicencias que le acusan como lo haría un ciudadano corriente, sin privilegio procesal alguno. No puedo aducir como excusa el daño que haría a un Gobierno que estará en funciones en escasos días y al que no le va a suponer ninguna crisis importante su renuncia.
Tampoco le benefician nada las sospechosas desapariciones de valiosos documentos relacionados con la causa en que se ha visto implicado y tras lo que algunos quieren ver la larga mano de los Servicios de Inteligencia.
Nos encontramos en plena refriega electoral y eso tal vez explique que el Partido Popular haya elevado el tono de sus demandas frente a las acusaciones a José Blanco, pero resulta llamativo que, en casos muy similares, no haya hecho gesto alguno para aclarar la sorprendente eficacia económica del presidente del Congreso.
Sería muy conveniente que los partidos estableciesen un patrón de conducta homogéneo aunque no sea más que para evitar las sospechas de connivencia en materia de intereses que muchas personas alimentan contra los partidos mismos.
El hecho de que en Galicia aparezcan implicados políticos de tres formaciones en una misma trama no hace sino extender esa clase de temores.
El PP puede exigir lo que le parezca oportuno respecto al señor Blanco, pero debería tener en cuenta que la coherencia es un valor que aprecian los ciudadanos y que no está bien tener dos varas de medir según quién sea el implicado.
