Los inspectores de Hacienda celebran el "espaldarazo" del TC a sus denuncias sobre la amnistía fiscal
EL Tribunal Constitucional ha dado al Gobierno un revés que afecta directamente a la política fiscal de Cristóbal Montoro. Por unanimidad, ha anulado la amnistía fiscal de 2012 con dos argumentos contundentes: vulneró el deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos e infringió la reserva de ley prevista para cualquier modificación sustancial de los impuestos (La amnistía fiscal recaudó 1.191 millones de euros, la mitad de lo previsto por Hacienda).
No queda ahí la decisión del TC, que califica la amnistía de 2012 como una «adbicación del Estado» de su deber de garantizar la igualdad de los ciudadanos ante sus obligaciones fiscales (El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal del PP ).
Incluso acusa al Gobierno de dar mejor trato al evasor que a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias (Los inspectores de Hacienda celebran el «espaldarazo» del TC a sus denuncias sobre la amnistía fiscal).
La sentencia, sin embargo, deja a salvo la aplicación de la amnistía a casos concretos y no anula las declaraciones de quienes se acogieron a ella, pues lo hicieron al amparo de una norma y fiados de la seguridad jurídica que esta les daba. Este razonamiento es jurídicamente impecable, pero socialmente difícil de entender.
Es evidente que cuando el PP se hizo cargo del Gobierno, en 2011, España estaba a punto del rescate. La sentencia del TC no ignora la crisis, pero no la admite como justificación.
La cuestión es que esta sentencia desautoriza tanto la decisión política como la construcción jurídica de la amnistía fiscal impulsada por Montoro. La lucha contra el fraude debe ir por otros cauces, con mayor acierto político y jurídico.
Además, en plena campaña de la Renta, es oportuno recordar que la política fiscal del Gobierno se ha basado en un encarnizamiento recaudatorio contra las clases medias, que no han obtenido el retorno político de una reforma sustancial -y no meramente aparente- del gasto público, mediante el adelgazamiento de la estructura del Estado y una gestión eficiente del dinero.
