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Agentes de la Guardia Civil de paisano salen del Parlament catalán. JS

La actuación de jueces, fiscales y Guardia Civil ayer, en Barcelona, bien puede considerarse un ejemplo para hacer frente el día de mañana a otras ilegalidades no menos graves

LA actitud del consejero de Presidencia de la Generalitat catalana, Jordi Turull, frente a los miembros de la Guardia Civil que acudieron a la sede del Gobierno catalán, con una orden judicial en la mano, es una expresión clara de la osadía con la que los dirigentes separatistas quieren desafiar a la ley y al Estado.

Según su propia versión, Turull impidió este 20 de julio de 2017 a los agentes acceder al interior del Palacio de la Generalitat, al que se habían desplazado para obtener documentación del diputado y exconsejero de Justicia Germá Gordó, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su relación con la trama del 3 por ciento.

La realidad debió transcurrir de otra manera, porque los agentes de la Guardia Civil acudieron con un requerimiento judicial para obtener determinados documentos, esperaron en una sala de la sede presidencial y la abandonaron una vez les fue entregada.

Previamente, la Guardia Civil y la Fiscalía habían entrado en el Parlamento catalán para copiar los correos electrónicos que Germá Gordó conservaba en su despacho.

La versión «épica» de Turull es una más de las que jalonan la estrategia propagandística de los dirigentes del nacionalismo catalán, empeñados en presentarse como víctimas del Estado español, cuando, en lo que ayer importaba, no pasan de ser más que sospechosos, y algunos más que eso, de corrupción o de connivencia con los corruptos.

Para el nacionalismo separatista, el funcionamiento normal del Estado de Derecho es insoportable, porque confían en que el Gobierno central y los Tribunales de Justicia se plieguen al temor de que la aplicación de la ley agrave la situación o «fabrique nacionalistas», como suelen decir los que tiemblan cuando oyen hablar del artículo 155 de la Constitución. Si la situación es grave, y lo es, se debe precisamente a todo lo contrario: a que la ley no se ha aplicado a tiempo y en su integridad.

Nada normaliza más una situación confusa que la racionalidad que conllevan el imperio de la ley y el cumplimiento del deber por las autoridades competentes. Con total naturalidad, un tribunal que investiga un delito ordena a la Guardia Civil que entre en las sedes de la presidencia de la Generalitat y del Parlamento catalán para obtener documentos.

Respetar y hacer respetar la ley es mucho más sencillo de lo que parece. Lo complicado es tener que vivir con la impunidad de tanta desobediencia a la Constitución y a las sentencias de los tribunales. La actuación de jueces, fiscales y Guardia Civil este jueves, en Barcelona, bien puede considerarse un ejemplo para hacer frente el día de mañana a otras ilegalidades no menos graves ni menos evidentes que la del 3 por ciento.

La verdad y el Derecho, siempre por delante.

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