ANALISIS

A los golpistas catalanes se les está poniendo color de hormiga el juicio en el Tribunal Supremo

A los golpistas catalanes se les está poniendo color de hormiga el juicio en el Tribunal Supremo

Los últimos testimonios escuchados en la vista oral por el intento golpista de Cataluña el 1-O han terminado por reafirmar la nula colaboración de los Mossos d’Esquadra a la hora de impedir la votación ilegal, la desobediencia en que incurrieron y la percepción de que este proceso solo puede concluir en una sentencia condenatoria, independientemente de que lo sea por rebelión o sedición (Coronel Pérez de los Cobos: «El dispositivo policial de los Mossos para el 1-O fue una estafa»).

Los intentos de las defensas de muchos de los acusados por desviar el proceso hacia una calificación jurídica de simples desórdenes públicos van camino de ser un fracaso palmario (Gabriel Rufián monta el pollo en Twitter burlándose de la secretaria judicial obligada a huir por una azotea).

Especialmente elocuentes y contundentes resultaron este miércoles las declaraciones del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y de la secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que durante los registros llevados a cabo en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2018, diez días antes de la consulta-farsa, quedó atrapada en esa sede durante horas por «miedo» real a salir y a que la multitud separatista congregada ante el edificio pudiera dar al traste con todas las pruebas judiciales. La violencia no quedó ahí.

Este 6 de marzo de 2019, las terminales del separatismo colgaron en internet la imagen de la secretaria judicial para que pudiera ser identificada, burlando así el intento del tribunal de proteger su intimidad al impedir que las cámaras la enfocaran durante su declaración. La persecución continúa.

Acosada durante los registros en los que quedaron destrozados varios coches de la Guardia Civil, Montserrat del Toro dijo taxativamente que temió por su integridad si hubiese salido por la puerta principal de la consejería.

Será el Tribunal quien dilucide si todo lo ocurrido se compadece, por su grado de violencia o no, con un tipo de delito u otro. Lo que queda meridianamente demostrado en cualquier caso es que nunca se trató de concentraciones festivas, pacíficas y sin relevancia.

Nadie ayudó a la Justicia en aquellos momentos, ni siquiera los responsables de Omnium Cultural o de la Asamblea Nacional de Cataluña, que durante su deposición siempre aludieron a tranquilos ciudadanos que cantaban canciones reivindicativas. No fue verdad.

Muchos conformaban grupos organizados que causaron casi un centenar de heridos entre los polícías, que amenazaron de muerte al entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, que acosaron hoteles que alojaban a policías «españoles», o que impidieron a una comitiva judicial salir en tiempo y forma de sus registros.

Otro mal día para los acusados, cuyas defensas no han conseguido sentar virtualmente en el banquillo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trataron de impedir la celebración de la consulta, ni han conseguido hacer creer a la opinión pública que la única violencia que se produjo el 1-O fue la de la Policía y la Guardia Civil.

El juicio ya apunta a condena.

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