A finales de 1995, el Senado español decidió crear una Comisión de Investigación parlamentaria sobre el caso GAL, para depurar responsabilidades en aquel caso. Llegó enero de 1996 y la Cámara Alta optó por dar ‘carpetazo’ a aquella Comisión sin ninguna resolución. (Bono acaba de presumir de revelar la ‘verdad’ sobre aquel cierre en sus diarios, aunque se limita a dar la misma versión que ya fue publicada por la prensa en enero de 1996).
La verdad sobre el caso GAL, o al menos una parte de ella, llegó por el Tribunal Supremo en 1998 (caso Marey) o por la Audiencia Nacional en 2000 (caso Lasa-Zabala), pero la Comisión fue una mera sesión de intercambio de golpes entre los dos grandes partidos políticos.
Se podrían enumerar bastantes más casos de Comisiones de Investigación en España (caso 11-M, caso Rubio, caso Roldán, caso Gescartera, caso Tamayazo, caso Incendio Guadalajara…) en las que las Comisiones acaban convirtiéndose en campañas de mítines electoralistas de los partidos políticos, la última la de las cajas de ahorro.
Ahora, en Andalucía, hay una comisión de investigación del caso de los EREs, teniendo en cuenta que el caso está sub-iudice y que los principales acusados con Guerrero a la cabeza guardarán silencio para no interferir en el juicio… ¿tiene sentido hacer la comisión de investigación? ¿Tienen algo de utilidad real, fuera del electoralismo político?
