La Junta por tanto fue la encargada de gestionar, supervisar, adjudicar y, en definitiva, organizar todo el proceso
Después de que toda Castilla-La Mancha y toda España llorara la pérdida de los once fallecidos en el incendio de Guadalajara, Periodista Digital destapa un escándalo económico relacionado con el terrible suceso que aconteció en 2005 y que puede convertirse en la mayor de las pesadillas del socialista José María Barreda. —Incendio de Guadalajara: ¡qué indignados están los vivos!—
Un informe pericial realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha en enero de 2008 –a requerimiento del Ayuntamiento de La Riba de Saelices– para instruir las diligencias previas 429/2005 del Juzgado de Instrucción de Sigüenza, advierte de que se podrían haber ingresado cerca de sesenta millones de euros para los afectados, de no haber sido por la inexplicable desaparición de la madera quemada.
Los hechos que motivarían la falta de los ingresos económicos referidos se centran en dos circunstancias concretas:
Por una parte habría ‘desaparecido’ una gran cantidad de madera, que lógicamente habría dejado de reportar beneficios económicos a los municipios afectados.
Y por otra, se habría fijado un precio muy por debajo del prudente y lógico de mercado. A estas dos prácticas, que de modo evidente limitan el beneficio, habría que añadir, el sobre coste de los trabajos de eliminación de restos y construcción de albarrdas.
Al tratarse de montes de utilidad pública, su explotación corresponde a los ayuntamientos –aunque la gestión de la saca de la madera quemada, y sobretodo, su aprovechamiento en venta mediante subasta, fue delegada por todos los municipios en la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha–.
La Junta por tanto fue la encargada de gestionar, supervisar, adjudicar y, en definitiva, organizar todo el proceso.
El informe versa, entre otros extremos, en la valoración de los daños directos e indirectos en los montes propiedad del Ayuntamiento de La Riba (unas 1.000 hectáreas). Y cuyo importe total se cifra en algo más de 4 millones de euros.
Si el análisis de este informe se extiende a la totalidad de municipios afectados y, en consecuencia, a la totalidad de hectáreas sobre las que se actuó, un total de 13.000, la conclusión que se puede extraer es que pueden haber desaparecido más de 56 millones de euros en la saca de madera, un total de 9.318 millones de pesetas.
Según se refleja en el informe, con el dinero dejado de ingresar, podrían haberse acometido infraestructuras muy necesarias para la comarca. Como ejemplo, baste decir que del parador de Turismo prometido tras el incendio, hoy ni siquiera cuenta con presupuesto suficiente para su inicio.
Riba de Saelices fue el lugar en el que comenzó el incendio del año 2005, concretamente en la barbacoa ubicada en su término municipal y afectó a 13 municipios: Riba de Saelices, Selas, Ablanque, Villarejo, Maranchón, Mazarete, Ciruelos del Pinar, Anquela del Ducado, Cobeta, Santa María del Espino, Tobillos, Anguita y Luzón.
El objetivo era doble:
Por una parte recuperar el monte que se había quemado, como administración competente en la materia.
Por otra parte, era importante obtener la mayor cantidad de dinero posible por la venta en bloque de la madera, como se dijo, por delegación de sus legítimos propietarios: los municipios.
Por tanto, y al margen de que la Junta percibiera de modo habitual un 15% del producto de la venta de la madera en concepto de mejoras por parte de los ayuntamientos, la dimensión humana y medioambiental de la que hablamos en este caso trasciende para la Junta ese ingreso, que es por otra parte irrisorio en su presupuesto.
La actuación de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fue calificada por los propios alcaldes de la zona, sin distinción de color, como muy negativa e incumplidora. Así se puso de manifiesto a través de los medios de comunicación. A tal punto la actuación de la junta fue mala, que más de dos años después del incendio, aún quedaba madera sin sacar, tal y como se denunció por los alcaldes públicamente. Las cuentas son imposibles de aclarar.
En definitiva, «las actuaciones llevadas a cabo, no solo no consiguieron lo mejor para los municipios que lo perdieron todo con el incendio, sino que todo apunta a que lo que se diseñó fue un modo de exprimir económicamente los despojos del incendio, de modo que algunos hicieron su particular agosto después de aquel luctuoso julio», señala el informe.
Ya sea por error en la vigilancia, ya por mala gestión, o por connivencia, lo cierto y verdad es que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha propiciado la pérdida de unos ingresos vitales para la comarca.
«Esto en condiciones normales», advierte el informe, «sería una corruptela más de las que jalonan la vida publica en Castilla-La Mancha, pero en este caso, dadas las connotaciones humanas que el caso tiene, suponen una actuación moralmente repulsiva, por cuanto unos pocos, habrían conseguido realizar pingües beneficios sobre el mayor desastre ecológico vivido en Castilla-La Mancha, y lo que es peor, lo habrían conseguido sobre la s cenizas y la memoria de once valientes que dieron su vida por evitar el incendio. Con la inestimable colaboración del Gobierno de José María Barreda».
¿Tendrá algo que decir José María Barreda sobre todo esto?