El PSOE acusa a la presidenta popular de dinamitar el Estado del Bienestar
El elevado déficit de Castilla-La Mancha ha obligado a María Dolores de Cospedal a aprobar un segundo plan de ajuste que incluye numerosas partidas, con el fin de ahorrar 350 millones de euros.
La presidenta castellanomanchega baja el sueldo a los funcionarios, revisa los baremos de la dependencia, restringe la subvención a los libros de texto, suspende la construcción de viviendas públicas e introduce la gestión privada en los hospitales.
No hay duda de que se trata de sacrificios importantes que sin duda afectarán a los ciudadanos, pero Cospedal ha querido exigir austeridad también a su Gobierno.
Los consejeros pierden su paga extra, tendrán que comer un menú barato y dirán adiós a sus coches oficiales de alta gama. La secretaria general del PP da ejemplo así a otras comunidades.
Cospedal ha dado a conocer esta medidas en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde ha presentado segundo paquete de medidas de ajuste aprobado por su Gobierno, con el que ahorrará 350 millones de euros, y ha concretado algunas del primero, cifrado en 1.815 millones, de los que ya se han ahorrado 220.
Entre las medidas aparece también el final de la gratuidad total de los libros de texto para todos los escolares o de determinadas prestaciones como el transporte gratuito interurbano para jóvenes y mayores mediante las tarjetas naranja y verde, que quedarán limitadas a las rentas bajas.
Se suprimirá la ayuda a la cooperación internacional, se ampliará la educación concertada y, de acuerdo con el Gobierno central, se revisará el baremo de aplicación de la ley de dependencia.
Cospedal ha prometido no implantar ningún impuesto nuevo, aunque subirá el canon eólico aprobado por el anterior Ejecutivo y, como se supo ayer, suprimirá la bonificación del impuesto de Patrimonio.
La presidenta castellanomanchega ha dejado claro que todas estas renuncias son imprescindibles para evitar «el colapso» de los servicios sociales y ha pedido la comprensión y la ayuda ciudadana para aplicar estas medidas, pues «el sudor de hoy evitará las lágrimas de mañana».
Los cerca de 70.000 empleados públicos de la Junta verán incrementada su jornada laboral de 35 a 37 horas y media y, de forma excepcional, reducido su salario en una media de un 3 % mediante la rebaja del 10 % en el complemento específico y asimilado de sus salarios.
En materia sanitaria, se privatizará la gestión de los hospitales de Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares «para salvaguardar su continuidad» y se recurrirá a fórmulas de participación «público-privadas» para la construcción de los hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara, las principales obras civiles proyectadas en la comunidad, en especial la primera, y que están paralizados.
Cospedal ha dejado claro que los ciudadanos no notarán cambios en la atención, que seguirá siendo de calidad, gratuita y universal, y ha descartado fórmulas como el copago, pese a que sí se aplicarán medidas para poner freno a la «demanda inapropiada», en ocasiones «hasta limites a veces impensables» de servicios sociosanitarios.
También en Sanidad, los profesionales se retirarán cuando cumplan la edad de jubilación, no se subirán los complementos por carrera profesional, se reducirán los de incapacidad temporal transitoria y se perseguirá el absentismo laboral injustificado, que es «absolutamente desproporcionado» en Sanidad.
Para controlar el absentismo laboral, en toda la administración se tendrá que presentar la baja el primer día de enfermedad y no el cuarto.
Además, se impedirá que, como ocurre ahora, se paguen cantidades millonarias por horas extraordinarias mientras los rendimientos en la jornada ordinaria «no son adecuados».
En materia educativa, además de limitar la gratuidad de los libros de texto a las rentas bajas, se reducirá la subvención a la Universidad regional en 53,3 millones de euros, se contratará a los interinos sólo hasta el 30 de junio y se replantearán las rutas escolares.
Los casi 2.000 empleados forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam) pasarán de trabajar doce meses a tener contratos de fijo-discontinuo de ocho meses de duración.
Como ya se anunció, se paraliza la inversión en carreteras, pero también se dejarán de construir 800 viviendas públicas programadas.
EL PSOE: «COSPEDAL DINAMITA EL ESTADO DE BIENESTAR2
«Herencia» quizá haya sido una de las palabras más repetidas por María Dolores de Cospedal desde el pasado 22 de mayo. La herencia del anterior Gobierno regional de José María Barreda, el legado que, según dice, ha obligado a su Ejecutivo a poner en marcha las que hasta ahora ha calificado de «ajustes» más que «recortes». Lo ha repetido esta mañana: «Nos toca a todos pagar por lo que ha sido responsabilidad de otros».
Desde la dirección del PSOE en Castilla-La Mancha, y los sindicatos, sin embargo, no han tardado en reaccionar. El portavoz socialistas en las Cortes de la región, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado de «estafa política» las medidas anunciadas esta mañana.
“Hemos asistido a la mayor estada política en esta tierra, porque Cospedal ha esperado a que pasaran las elecciones generales para anunciar el mayor ataque contra el Estado de bienestar que se ha producido nunca en Castilla-La Mancha», ha señadao Guijarro .
» Lo que hoy ha hecho la señora Cospedal es dinamitar el Estado de bienestar en nuestra región. Lo ha dinamitado, y lo que ha dejado en pie lo ha puesto a la venta… Porque va a privatizar la Sanidad, deja herida la Educación pública y convierte los servicios sociales en pura beneficencia”, ha añadido el cargo socialista.
Los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha han anunciado, por su parte, que responderán con «todas sus fuerzas» a las medidas anunciadas hoy por Cospedal, que en su opinión van a poner en una situación «de alarma y urgencia» a la región, que se ha «puesto en venta».
