Antonio Sanz (PP-A) cree que se ha ordenado la destrucción "deliberada" de documentos
¿Reciclaje o destrucción de documentos por un inminente cambio de gobierno y de signo político? El PP andaluz ofrece en su web imágenes de bolsas de plástico con papeles triturados que, según asegura, le han sido enviadas por funcionarios de la Junta de Andalucía, quienes denuncian «la moda» impuesta en las últimas semanas por la administración de Griñán del uso de trituradoras de papel en los distintos departamentos de la administración autonómica.
El PP destaca que ya «han sido varios los trabajadores que les han enviado fotografías sobre estos hechos» y anima a todos los ciudadanos que observen un uso abusivo de las trituradoras de papel a que envíen «más fotos». Asimismo, el PP hace un llamamiento a la Junta de Andalucía para que paralice la destrucción de documentos justo a las puertas de una campaña electoral.
La destrucción de documentos mediante trituradoras no es ilegal, es más, es una práctica habitual en la administración andaluza, y las bolsas son luego vaciadas en recipientes destinados al reciclaje de papel. Lo que añade un punto de duda es que las bolsas, según la información que le ha llegado al PP por diversos conductos, al parecer no son depositadas en dichos recipientes.
Las fotos fueron tomadas con teléfonos móviles HTC y Samsung los días 9 y 14 de febrero por la tarde, según los detalles internos de cada imagen publicada. La primera información, con las fotos que reproduce la web del PP andaluz este pasado sábado 3 de marzo, fue ofrecida por la web Por Andalucía Libre, el pasado 22 de febrero de 2012.
La destrucción de documentos, siempre según las fuentes del PP andaluz, es más notoria en departamentos de la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación y de la Consejería de Empleo, extremos que vienen siendo negados tajantemente desde la Junta.
Denuncias
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, se mostró «convencido» el pasado 22 de febrero de 2012 de que la presunta destrucción y falsificación de información relacionada con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se pudo llevar a cabo en la Consejería de Empleo por parte de «personal de confianza», según se recoge en una declaración incluida en la instrucción del caso, se hizo «por instrucciones» del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
El PSOE y la propia Junta negaron tal extremo, advirtiendo incluso que emprenderían acciones judiciales contra Sanz, lo que aún no ha ocurrido según fuentes de la Presidencia de la Junta.
Guerrero comparece
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles», ha citado a declarar como imputado este próximo miércoles 7 de marzo de 2012 al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.
Inicialmente, Guerrero había sido citado a declarar el día 23 de febrero, pero su letrado solicitó el aplazamiento de dicha comparecencia alegando que su patrocinado había sido citado a declarar por segunda vez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, petición que fue estimada por la juez al considerar «necesario» tomar conocimiento de dicha declaración, tras lo que fijó la declaración para este miércoles, «pudiendo continuarse al día siguiente si la misma no se concluyera», según Europa Press.
Tal y como acordó la juez, la declaración «se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha», de manera que la magistrada podrá preguntarle sobre las diligencias previas tramitadas por los juzgados de Andújar (Jaén), dentro de las cuales el exchófer de Guerrero confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína «para su jefe y para él».
El día 26 de enero, Guerrero declaró ante la Guardia Civil y fue cuestionado acerca del hecho de que los expedientes de ayuda carezcan «en muchos casos» de tramitación administrativa alguna, a lo que contestó que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes «iban completos».
Escándalo
No obstante, «tras su salida han pasado» dos nuevos directores generales –Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ambos imputados– y «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla», tras lo que añadió que el responsable de «velar» por que los expedientes estuvieran completos era él.
En este sentido, «tuvo la colaboración» de un asesor externo contratado por Faffe, en concreto el diputado socialista en la anterior legislatura Ramón Díaz, aseveró Guerrero, quien dijo que «todo lo relacionado con las ayudas y su tramitación era conocido y despachado en el Consejo de dirección semanal», e incluso «algunas de las ayudas, por su entidad, eran despachadas personalmente con el consejero y el viceconcejero» de Empleo.
Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado por segunda vez a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, que cite a declarar al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, ambos imputados en la causa, todo ello al objeto de «avanzar» en la investigación.
En un escrito elevado al Juzgado instructor Anticorrupción recuerda que, por medio de un auto dictado el pasado día 22 de febrero, la magistrada estableció un calendario de declaraciones de algunas de las personas imputadas que guardan relación «con los pagos efectuados» o que trabajaron en Calderinox, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Río Grande.
En dicho auto, la juez citó a declarar al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; a su exchófer, Juan Francisco Trujillo; a responsables de Acyco, Surcolor y Aglomerados Morell; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, estos dos últimos ‘intrusos’ en el ERE de Calderinox.
Así, el fiscal solicita que «el calendario de declaraciones se amplíe al resto de las personas también imputadas y que participaron en todas o en algunas de las ayudas a tales empresas y a sus trabajadores», todo ello «con la finalidad de que la investigación –de estas piezas separadas– avance y vaya quedando en la medida de lo posible terminada».
En el mismo punto, reitera «la práctica a la mayor brevedad posible de todas las diligencias de investigación ya pedidas» en el anterior escrito de 16 de febrero, «con especial mención lógica de aquellas que se refieren a las empresas ya señaladas».
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