RTVA (Canal Sur) con 1.600 trabajadores, el gigante Egmasa, con 5.000, o la empresa DAP, adscrita a la Consejería de Agricultura y con otros 2.000, son claros candidatos a adelgazar sus plantillas
Bedeles de unas oficinas de la Junta que casi llegan a las manos por llevar una carta a su destinatario, ya que esta tarea es casi la única que tienen que hacer en toda la mañana.
Personal laboral que cumple su contrato y tiene que enseñar a funcionarios, antes de irse, a utilizar el sistema informático interno porque nunca antes lo habían usado.
Explica Carlos Pizá en ‘El Economista’ que numerosas oficinas en las que prácticamente nadie de las decenas de empleados públicos adscritos a ellas acude a su puesto de trabajo por sistema ante la desidia y la falta de control del empleador…
Son sólo algunas de las anécdotas que, anónimamente, cuentan abiertamente empleados públicos de la Junta de Andalucía, que paga más de 260.000 nóminas y que, tras haber solicitado ayuda financiera al fondo de liquidez autonómico (FLA), va a tener que racionalizar el gasto en personal, que en 2012 representa un tercio del presupuesto -9.853 millones-.
El plan de reequilibrio financiero aprobado en junio para cumplir el déficit del 1,5 y el 0,7% este año y el próximo, respectivamente, ya contempla una reducción de ese coste de salarios de 777 millones, mediante la reducción de jornada y sueldo y el despido de interinos, y la reducción media de un 5% de los salarios de todos los trabajadores públicos que mantiene su puesto.
Pero la consejera de Hacienda y Administración Pública ya ha advertido de que el cumplimiento del objetivo de déficit el año próximo hará que los presupuestos sean «difíciles».
Agotado el margen de ajuste de gasto en inversión en obra pública -que está en niveles de hace quince años y en donde incluso se baraja congelar contratos de colaboración público-privada ya adjudicados y firmados- y con la opción ideológica de mantener intacto el sistema de sanidad y educación públicas, la partida de personal atrae todas las miradas.
División sindical
Y, dentro de ese enorme volumen de empleo público -es la comunidad autónoma con mayor número de funcionarios autonómicos en números absolutos y relativos-, es el empleo en la llamada administración paralela el que está en el punto de mira.
Aguayo ha avanzado que reducirá el presupuesto de todas las consejerías y que serán ellas la que tendrán que decidir cómo ajustarse a él para mantener o reducir las fundaciones, consorcios, agencias, observatorios, comisiones interdepartamentales y empresas públicas dependientes.
En total, hay unos 140 entes instrumentales que penden de la Junta y la consejera prefiere que se recorte en ellos jornada y sueldo para no destruir empleo, aunque no descarta que se apliquen Expedientes de Regulación de empleo.
RTVA (Canal Sur) con 1.600 trabajadores, el gigante Egmasa, con 5.000, o la empresa DAP, adscrita a la Consejería de Agricultura y con otros 2.000, son claros candidatos a adelgazar sus plantillas.
UGT y CCOO rechazan ajustes en el sector público empresarial. Otros sindicatos de funcionarios de carrera, como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), aportan elementos más relevantes que la mera negativa en redondo. La primera atañe, antes de mirar a la estructura periférica, a la propia administración general de la Junta.
Reordenación vapuleada
En este área, al menos un tercio de todo su personal es externo no ha entrado con prueba de selección, sino por su militancia en el PSOE, UGT o CCOO, o su cercanía personal o familiar con miembros de estos entes. En total, entre 20.000 y 40.000 personas a las que despectivamente se denomina enchufados.
El número exacto se desconoce porque la Junta no ha hecho pública una relación de puestos de trabajo que justifique este volumen de empleo externo. Junto a ellos, trabajan en este área 25.000 funcionarios y otros tantos laborales que sí han pasado procesos de selección.
Esa horquilla de externos afines a la Junta se ha insertado sin más en la administración mediante la conversión de determinadas empresas públicas en agencias en virtud de la reordenación del sector público empresarial aprobada en 2010.
Esta reordenación aparece recogida en el plan de reequilibrio y debe de concluirse a final de año. Según Aguayo, ahorrará 118 millones en tres años y eliminará 180 cargos directivos.
Pero el volumen de plantilla se mantiene prácticamente intacto, lo que hace de esta reordenación un proceso para funcionarizar a los afines y no para racionalizar costes, según Safja.
Decenas de procedimientos penales, contencioso-administrativos y escritos ante la propia Junta han agujereado este proceso de reordenación-funcionarización, cuyo futuro es totalmente incierto.
Yendo a ejemplos concretos, es un clamor en el sector constructor la pregunta de a qué se dedican los 723 empleados -otras fuentes hablan de 3.000- que trabajan en la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, los 130 de la Agencia de la Obra Pública, o los 200 de la Empresa de Puertos.
Todas sociedades creadas y engordadas bajo el boom del ladrillo y que ahora carecen prácticamente de actividad pero mantienen intactas sus plantillas.
