El gobierno municipal de Vigo ha acusado al PP de «politizar» la investigación que lleva a cabo un juzgado de la ciudad, acerca de supuestas irregularidades en la contratación de personal de una concesionaria municipal, una investigación en la que están imputados tres funcionarios y una familiar de la teniente de alcalde, Carmela Silva.
Así, el ejecutivo local ha despachado en menos de media hora el pleno extraordinario convocado el 30 de marzo de 2015 a petición del PP para explicar el supuesto ‘enchufe’ de la cuñada de Silva, así como los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones en las concesionarias del Ayuntamiento.
El concejal del PP, Miguel Fidalgo, ha abierto el turno de intervenciones, mostrando su deseo de que la sesión extraordinaria sirviese para que Abel Caballero y su equipo fuesen «un paso más allá del ‘nada que decir'». Según ha apuntado, el pleno debería servir para que el alcalde rindiese «cuentas ante los ciudadanos».
«Lo único que el PP persigue es que digan qué está pasando. Lo peor es dar la callada por respuesta», ha indicado el edil popular, quien ha mostrado el «máximo respeto» de su grupo a la acción de la justicia y a la presunción de inocencia de los imputados.
El concejal ha pedido al gobierno que informe sobre la documentación requerida por el juzgado de instrucción, y sobre las medidas que va a adoptar para «aclarar» los hechos.
«COMANDO DE APOYO»
Las explicaciones demandadas por la oposición fueron ofrecidas por el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, en apenas unos segundos: «un juzgado ha pedido información sobre un contratos, hay tres funcionarios que deben informar, y nadie del gobierno municipal ha sido llamado».
El portavoz socialista ha mostrado «toda la colaboración a la Justicia y apoyo a los tres funcionarios», al tiempo que ha acusado al PP de querer «politizar» esa investigación.
Asimismo, ha apuntado que las concesionarias del Ayuntamiento tienen más de 3.000 contratos y que la Justicia «investiga uno, de una persona que tuvo un contrato temporal, y que ahora está en el paro como tantos vigueses». «Ya me gustaría que ustedes dieran cuenta de todas las ilegalidades que cometieron, sobre todo en materia urbanística», ha proclamado, al tiempo que ha reprochado a los populares que «perjudican a tres funcionarios sin tener en cuenta su vida personal y profesional».
A partir de ahí, Carlos López Font ha arremetido contra el PP, cuyos ediles «deberían dimitir» después de que un informe del secretario municipal (sobre la primera petición de pleno extraordinario) hubiese dicho que pretendían cometer un «abuso de derecho» y promover un «debate inútil e inquisitivo».
El concejal del PSOE ha ido más allá y ha recordado que la Justicia investiga más de medio centenar de supuestos ‘enchufes’ del alcalde de A Coruña, que «no convocó un pleno»; que el presidente de la Diputación de Pontevedra está imputado por supuesto cohecho; o los ‘enchufes’ en la Diputación de Ourense.
«Todo esto es campaña electoral. El pleno se lo ha impuesto la candidata (Elena Muñoz), y ustedes han quedado reducidos a un comando de apoyo de la candidata», ha exclamado López Font, quien ha advertido de que Elena Muñoz no ha dado explicaciones de sus vínculos con la ‘Operación Zeta’ y que, si llega a sentarse en la Corporación viguesa, «no podrá dar lecciones».
«RESPETO A LA DEMOCRACIA»
Por su parte, la portavoz del BNG, Iolanda Veloso, ha recordado que su grupo lleva «meses pidiendo explicaciones» al regidor sobre esas supuestas irregularidades, y también sobre otras investigaciones en marcha, como la Operación Patos, con la que el PP «no se mostraba tan bravo».
«Hay explicaciones políticas que hay que dar, porque las pide toda la ciudad», ha subrayado Veloso, y ha recordado que «hasta ahora, solo se ha obtenido la callada por respuesta». «Esperemos que (el alcalde) hoy demuestre más respeto a la democracia», ha concluido.
El pleno se ha celebrado con un único punto del orden del día, el «debate» sobre la contratación de personal por parte de empresas concesionarias, y el control que el gobierno municipal ejerce sobre esa contratación y sobre la prestación de servicios de las empresas.
En su solicitud, el PP planteaba como propuesta de acuerdo, «instar al Gobierno a que, con carácter de urgencia, revise, refuerce y garantice» el cumplimiento de la legalidad en los mecanismos de control de los contratos con las concesionarias, la contratación de personal y la prestación de los servicios. El acuerdo se aprobó con los votos favorables del PP, la abstención del BNG y el voto en contra de los ediles del PSOE.
El pleno discurrió sin incidentes, salvo los aplausos y apoyos jaleados hacia el gobierno local por una parte del público, que exhibió carteles a favor de Caballero y su equipo.
