El exalto cargo de la Junta de Andalucía considera que es mejor para su defensa seguir siendo aforado en el Alto Tribunal
En el PSOE «no hay ninguna duda» de que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero andaluz de la Presidencia Gaspar Zarrías, ambos inculpados por prevaricación administrativa por el Supremo en el caso de los ERE, entregarán sus actas «en los próximos días».
Lo asume porque comprende que necesitan algunos días para reordenar su defensa jurídica. No es ese el caso del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien este viernes se ha dado de baja del PSOE para aferrarse a su escaño de diputado y seguir aforado desde el grupo mixto.
En un primer momento la dirección socialista consideró que los imputados entregarían su acta de inmediato. Ahora comprende que puedan tardar unos días. Y lo asumen.
Explican Anabel Díez y Lourdes Lucio en ‘El País’ que tanto Manuel Chaves, como Gaspar Zarrías y José Antonio Viera comunicaron el jueves al secretario de Organización, César Luena, que ponían sus actas de diputados a disposición del partido tras conocer la contundente resolución del juez instructor Alberto Jorge Barreiro.
Luena aceptó «de inmediato» las renuncias, toda vez que en el PSOE estaba claro desde hace muchos meses el camino a seguir por el partido, en el caso de que imputasen de un delito a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como así ha ocurrido.
Pero desde poco antes de las tres de la tarde del jueves, cuando Chaves y Zarrías hablaron con el número dos del PSOE, hasta la mañana de este viernes, la situación cambió.
Lo que iba a ser inmediato no lo será, en el caso de Chaves y Zarrías, mientras que Viera, rompió con el partido, se dio de baja y comunicó a su entorno que iba a quedarse como diputado del Grupo Mixto. Esta acción viene motivada por su decisión de permanecer como parlamentario nacional, y, por tanto, la decisión obedece a su deseo de que su caso se mantenga en el Tribunal Supremo. «Creo que tengo que defender mis intereses personales y al mismo tiempo quitarle presión al partido», señaló a EL PAÍS.
No lo esperaban en el PSOE pese a que desde hace meses en su entorno se exponía el rechazo frontal de este imputado a dejar de ser aforado y pasar a depender del tribunal de Sevilla. Una vez conocido el auto, la realidad muestra situaciones procesales diferentes: la de Viera es distinta a la Chaves, Zarrías y la del también expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Todos ellos han sido imputados por un delito de prevaricación administrativa que puede conllevar una pena de hasta 20 años de inhabilitación para ocupar cargo público. Por su parte, Griñán renunció hace dos semanas a su acta de senador por la comunidad autónoma de Andalucía.
Quien carga con mayor peso procesal es Viera. Este, además de estar imputado por prevaricación administrativa, está acusado de malversación de fondos públicos, que sí lleva conlleva penas de prisión.
Su temor, además, es que si el caso de los ERE vuelve a manos de la juez Mercedes Alaya pueda acabar en prisión en el supuesto de lo que llame a declarar.
Eso es lo que le ocurrió a su exviceconsejero y luego sustituto Antonio Fernández, quien pasó cuatro meses en la cárcel tras declarar durante cuatro días ante la magistrada sevillana.
