UGT denuncia «cierta falta de legalidad» y avisa que la Agencia Tributaria reclamará el impago
El Govern catalán continúa avanzando hacia la «desconexión» de Cataluña con el resto de España, y lo hace tanto en el plano político como en el económico.
Mientras el Parlament tramitará a partir de las próximas semanas con discreción las «leyes de ruptura» para evitar que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional hasta que estén listas -pese al informe en contra de los servicios jurídicos de la Cámara y las quejas ante el TC de los partidos no independentistas-, la Hacienda catalana abrirá en breve un nuevo frente y maniobra para captar por la fuerza a miles de tributantes a través de una de sus Administraciones adheridas, la Diputación de Barcelona.
Desde que están controladas por los nacionalistas, las cuatro diputaciones provinciales catalanas se han convertido en puntas de lanza del proceso soberanista.
El ente supramunicipal de la demarcación de Barcelona, gobernado por CiU y ERC, ha decidido pagar el IRPF de sus casi 5.000 empleados a la Agencia Tributaria catalana en lugar de hacerlo directamente a la española, como hasta ahora.
