Borrando pruebas.
Actividad que se ha vuelto un vicio en las filas del PSOE y entre los miembros del Gobierno Frankenstein.
Entrar en el Palacio de La Moncloa es como adentrarse en una novela negra donde los móviles desaparecen, los números se dan de baja sin previo aviso y las sospechas se multiplican más rápido que los comunicados oficiales.
La última entrega del culebrón político español tiene como protagonista a Cristina Álvarez, la asesora personal de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Siete días antes de prestar declaración ante el juez, Presidencia del Gobierno dio de baja uno de los tres teléfonos oficiales que utilizaba Álvarez, justo cuando la investigación judicial apretaba el acelerador.
A día de hoy, 20 de agosto de 2025, este episodio ha reavivado viejos fantasmas en la política nacional: ¿es el borrado o la baja repentina de dispositivos una estrategia para dificultar las investigaciones?
¿O simplemente una coincidencia dentro del protocolo habitual de renovación tecnológica?
En cualquier caso, lo cierto es que la sombra del “borrado selectivo” planea con fuerza sobre el Ejecutivo y el PSOE.
El móvil perdido y la cadena de decisiones
El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, había ordenado rastrear el tráfico telefónico de Álvarez para esclarecer sus contactos con patrocinadores y entidades relacionadas con las actividades profesionales de Begoña Gómez, especialmente durante su etapa al frente de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. La providencia judicial exigía a las operadoras entregar un listado detallado de llamadas realizadas y recibidas desde 2018 hasta 2025.
Sin embargo, solo una semana antes del testimonio clave de Álvarez, uno de sus móviles oficiales fue dado de baja por decisión directa del área técnica de Moncloa. La coincidencia temporal no ha pasado desapercibida para la oposición ni para buena parte de la opinión pública, avivando suspicacias sobre un posible intento deliberado de eliminar información potencialmente comprometedora.
¿Epidemia tecnológica en el Gobierno?
Este caso no es un hecho aislado. El “fenómeno” del borrado exprés o la baja sospechosa de dispositivos parece haberse convertido en una costumbre demasiado frecuente en las altas esferas políticas españolas. No hay semana sin noticia sobre móviles reseteados, mensajes eliminados o cuentas personales borradas justo cuando arrecian las investigaciones judiciales.
Algunos ejemplos recientes:
- El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz cambió hasta seis veces de móvil desde 2021 y reseteó uno justo después de ser imputado por el Tribunal Supremo. En varias ocasiones, los mensajes clave desaparecieron misteriosamente coincidiendo con fechas relevantes para las causas abiertas.
- El volcado del terminal del propio García Ortiz reveló que entre el 8 y el 14 marzo —días críticos para el caso Ayuso— no había rastro alguno de mensajes. La UCO confirmó posteriormente que existieron conversaciones que fueron borradas.
- Desde el inicio del mandato Sánchez, varios altos cargos han protagonizado episodios similares: móviles que se pierden en mudanzas ministeriales, cuentas institucionales eliminadas por “acoso” o por motivos “de seguridad” y dispositivos renovados a ritmo récord.
Para algunos analistas, más que una coincidencia, se trata casi ya “de una epidemia” en Moncloa y Ferraz: cada vez que un móvil puede ser relevante para una investigación judicial, acaba fuera de circulación o milagrosamente vacío.
Argumentos oficiales frente a sospechas judiciales
Desde Presidencia se insiste en que todas estas actuaciones responden a protocolos internos y medidas rutinarias para proteger datos sensibles y garantizar la seguridad digital. Sin embargo, tanto jueces como parte importante del sector jurídico consideran que estos movimientos pueden suponer obstáculos a la investigación y rozar incluso la obstrucción a la justicia si se demuestra intencionalidad.
La Audiencia Provincial ha avalado recientemente al juez Peinado para acceder al registro completo de llamadas oficiales realizadas por Álvarez desde su nombramiento como asesora. Los magistrados subrayan que se trata siempre del número oficial del Palacio presidencial —fácilmente rastreable— pero alertan sobre lo inconveniente que resulta cualquier maniobra tendente a dificultar el acceso a pruebas relevantes.
El debate está servido: ¿puede considerarse destrucción intencionada de pruebas si un móvil oficial se da de baja o se borra justo antes del testimonio clave? ¿O queda amparado bajo el derecho a renovar terminales o proteger datos confidenciales?
Consecuencias políticas y jurídicas
El caso ha reavivado las tensiones entre Gobierno, Fiscalía y tribunales. Mientras unos reclaman garantías procesales y protección frente al “lawfare”, otros exigen transparencia absoluta y responsabilidades políticas inmediatas ante cualquier sombra de sospecha.
En paralelo, voces críticas dentro del propio PSOE temen que este rosario inacabable de escándalos digitales acabe erosionando aún más la ya delicada credibilidad institucional. Y aunque desde Moncloa insisten en restar importancia al asunto —apelando a tecnicismos— lo cierto es que cada nuevo caso contribuye a engrosar la percepción ciudadana (y mediática) sobre una falta generalizada de transparencia.
Por si fuera poco, este tipo de episodios alimentan teorías conspirativas y memes virales. Ya circula por redes sociales una broma recurrente: “No hay mejor antivirus para un Gobierno que cambiar el móvil antes del juicio”.
Curiosidades y datos llamativos
- Desde 2019 hasta hoy se han contabilizado al menos nueve casos públicos en los que altos cargos socialistas han cambiado o reseteado móviles poco antes o después de ser citados judicialmente.
- Un informe interno estima que solo en Presidencia se gestionan más de 120 terminales oficiales cada año; su vida media ronda los 14 meses.
- El récord lo ostenta un exministro: llegó a pedir cuatro móviles nuevos en menos de 18 meses alegando “incidencias técnicas recurrentes”.
- Expertos consultados señalan que recuperar información borrada depende mucho más del servidor central (o apps externas) que del propio dispositivo: nada muere del todo… salvo quizás algunas carreras políticas.
Así las cosas, mientras algunos sueñan con un Gobierno digitalmente responsable, otros ya proponen incluir talleres obligatorios sobre buenas prácticas tecnológicas… y cómo sobrevivir políticamente a un reseteo inoportuno.
