Hace días que Telecinco viene anunciando una exclusiva con Julián Muñoz después de el ex alcalde consiguiera el tercer grado penitenciario que se emitirá, según la cadena, «próximamente». El sólo anuncio de la entrevista ha levantado una airada discusión entre los que se oponen a que una cadena haga espectáculo del testimonio de un condenado y le pague una desorbitada cantidad y entre los que quieren saber si sigue con la Pantoja sin entrar en disquisiciones morales.
En medio de este dilema de ética versus morbo el juez instructor del ‘caso Malaya’, Óscar Pérez, ha tomado una decisión sin precedentes. Pedir a nueve televisiones, siete de ellas nacionales, que informen sobre una posible entrevista con el ex alcalde. Según SUR.
En concreto, el magistrado se ha dirigido a Telecinco, Antena 3, TVE, Cuatro y La Sexta, así como a Canal Sur, Andalucía Televisión y Telemadrid, para que presten cualquier tipo de información relativa a pagos a Muñoz por cualquier exclusiva o entrevista que vaya a conceder. En Telecinco ya han advertido que «no hay nada cerrado» sobre esta posible comparecencia del ex alcalde.
La advertencia
Todas deberán contestar en el plazo de «dos audiencias» indicando quién, cómo y por cuánto ha sido contratado, incluyendo el acuerdo escrito según la providencia judicia. En ella se advierte a los medios que de no remitir la información solicitada serán acusados de desobediencia. El interés del magistrado no está en el contenido de las respuestas, enfocadas más a la prensa del corazón que a su participación en la presunta trama de corrupción marbellí, sino en lo que el ex alcalde cobrará por ellas.
No es el primer caso que el juez estrecha el cerco económico a un imputado en ‘Malaya’. Lo hizo con Roca al negarle 800.000 euros para pagar las minutas de sus abogados, con Marisol Yagüe al investigar el origen del dinero con el que evitó la subasta de su chalé embargado y ahora lo hace con Muñoz, imputado además de en ‘Malaya’ por cohecho y malversación en un centenar de procedimientos, la mitad relacionados con la prevaricación urbanística.
Detrás de esta petición está la mano del Ayuntamiento de Marbella, que acecha como un halcón para recuperar el dinero esquilmado de las arcas municipales. En su escrito al juzgado de Instrucción 5 de Marbella el Consistorio entiende que «resulta oportuno conocer con antelación y de forma directa las entrevistas y la participación en programas que pudieran conocertarse a fin de poder, en su caso, asegurar mediante el embargo de los emulumentos previstos las responsabilidades pecuniarias contraídas en la presente causa».
En ‘Malaya’, por ejemplo, se ha cifrado esta responsabilidad civil en 400.000 euros. El Tribunal de Cuentas, que le embargó en febrero dos fincas en Ávila, habla de un presunto alcance contable de 17,4 millones entre 2000 y 2001. En el ‘caso Monteverde’, instruido en la Audiencia Nacional, se le juzgará por el presunto desvío de 42 millones de euros. Y suma y sigue.
El consistorio pide también la comparecencia como testigo de la periodista Ana Rosa Quintana, una vez que «han conocido» que el procesado intervendrá en programas de Telecinco y Antena 3 contratado por la productora Cuarzo, cuya presidencia ocupa la presentadora.
Las reacciones
Las consecuencias de la iniciativa judicial no se han hecho esperar. El abogado Marcos García-Montes, que ejerce la acción popular en ‘caso Roldán’, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que embargue el importe que perciba el ex director general de la Guardia Civil por su entrevista en Telecinco con María Teresa Campos, prevista para la noche del viernes,
Mientras tanto, se ha abierto un movimiento promovido por ‘blogueros’ de Internet que piden el boicot de la aparición de Julián Muñoz para que el público no vea las declaraciones. La idea surgió de Antonio Rico a través de su blog ‘625 ranas’ dedicado al mundo de la televisión. El circo mediático está servido.
