Por José María Arévalo
(Jóvenes con maletas buscan la ubicación de su alojamiento)
Se discute mucho últimamente sobre el exceso de turistas en algunas ciudades y si debiera limitarse su número quitando facilidades para que vengan, por ejemplo limitando el uso de pisos para su alojamiento. Pero lo que quizá no sabemos es que está en nuestras manos el llevarlo a cabo, ya que como vecinos tenemos mucho que decir: podemos rechazar esta actividad en nuestra comunidad de vecinos o permitirla y exigir gastos.
Efectivamente, el Real Decreto-Ley 7/2019 faculta a las comunidades de vecinos a prohibir el negocio de alquiler a turistas de la propia vivienda, si se cuenta con el voto de 3/5 de los propietarios. Y con esta condición también, faculta a las comunidades de vecinos a exigir compensación por el uso de los servicios comunes por turistas alquilados en un piso de la comunidad.
Es decir, que las comunidades de vecinos tienen voz y voto ante la apertura de un piso turístico en su edificio a través del Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. La norma reforma la Ley de Propiedad Horizontal introduciendo en materia de viviendas de uso turístico el quórum necesario de votos que se requiere para que los vecinos puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad.
Incremento de gastos comunes
Además, también podrán establecer cuotas especiales o incrementar en ese piso la participación de los gastos comunes para compensar un mayor uso de las instalaciones, como puede ser el ascensor. La ley estipula que las decisiones vinculadas con este asunto sean aprobadas con el voto a favor de las tres quintas partes de los propietarios y cuotas. Esta misma mayoría será necesaria para establecer las cuotas especiales de gasto o el incremento en la participación de los gastos comunes, “siempre que las modificaciones no supongan un incremento superior al 20%”.
El Real-Decreto, que se publicó el 5 de marzo de 2019 no permite que estas modificaciones se ejecuten con carácter retroactivo, por lo que no afecta a los alojamientos que ya estuvieran en marcha con anterioridad. Una vez puesto en marcha el alojamiento turístico, este se tiene que someter al cumplimiento en materia de urbanismo, edificación, sanidad, seguridad, prevención de incendios, protección civil, accesibilidad, higiene “y cualquier otra que resulte de aplicación”, según el Decreto 17/2015 de 26 de febrero que regula en Castilla y León la actividad. En este caso, la Administración regional exige para poner en marcha un alojamiento turístico que cumpla con los requisitos mínimos de dotación de servicios, metros cuadrados y suministros, requisitos por los que también se regulan las categorías. Además, impone prohibiciones a los turistas que se alojen, entre ellas algunas que buscan facilitar la convivencia con los vecinos, como no superar la capacidad máxima del alojamiento, ejercer actividades diferentes a las contratadas, así como “realizar cualquier actividad que atente contra las normas usuales de convivencia o el régimen normal de funcionamiento del apartamento turístico.”
Más sanciones
La reactivación del sector turístico cunado pasó la pandemia y se eliminó cualquier tipo de restricción de movilidad y actividad para evitar contagios de la covid-19, provocó un incremento de las sanciones tanto en las viviendas turísticas como en los pisos.
Según fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo, este incremento de las sanciones se debe al aumento de la actividad turística tras dos años de pandemia y a que se han acometido más inspecciones para revisar aspectos de control de actividad frente a las de cumplimiento de normativa covid que imperaron en aquellos años.
Precios de los apartamentos
Recogía La Gaceta Regional hace unos meses que los precios de los apartamentos para un fin de semana en Salamanca van de 100 € en el Campus a 700 € en plena Plaza Mayor para dos personas. El rango de precios de los apartamentos turísticos en Salamanca para alojarse dos noches dos personas es prácticamente el mismo que el de los hoteles. Mientras la opción más económica son 100 euros en un estudio privado de 14 metros con baño y cama doble ubicado en la zona del Campus Miguel de Unamuno, la más cara es de 700 euros por un apartamento de 40 metros cuadrados con electrodomésticos y, lo más importante, en plena Plaza Mayor de Salamanca.
Alternativa cada vez más atractiva para los turistas
Precisamente la cercanía al punto neurálgico de las ciudades es uno de los factores que marca el precio, así como la equipación y la decoración de los apartamentos y pisos turísticos.
De un tiempo a esta parte se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para los turistas, sobre todo para los españoles. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al mes recurren 7.706 españoles a viviendas turísticas para visitar la capital del Tormes, a los que se suman otros 2.444 extranjeros. Suman 10.150 visitantes, cifras que en todo caso distan mucho de las que registran los hoteles, ya que en el último mes que el INE ofrece datos acogieron a 77.041 viajeros que sumaron 136.026 pernoctaciones.
Registro turístico de viviendas
El Instituto Nacional de Estadística también contabiliza las viviendas turísticas en las provincias a través de sus encuestas mensuales. Según sus datos, la provincia de Salamanca acoge uno de cada cinco alojamientos de este tipo en Castilla y León. Son, según el INE, 1.145 los alojamientos que ofrecen sus servicios en toda Salamanca, capital y provincia, mientras que en la Comunidad Autónoma son 32.790 los establecimientos. Salamanca contabiliza menos plazas por vivienda que la media regional, al establecerse en 4,75 frente al 5,84 de promedio en Castilla y León. Las plataformas de comercialización de plazas y los portales exclusivos para este sector también ayudan a que la actividad tenga un carácter internacional.
Para evitar la actividad ilegal y la competencia desleal, es obligatorio que las empresas o titulares de los pisos turísticos publiciten sus alojamientos con el número asignado en el registro turístico de cada comunidad, lo que ratifica que el establecimiento cumple con la normativa y se somete a los controles rutinarios frente a otras ofertas piratas que ofrecen menos garantías
