Por José María Arévalo
(La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz)
Ha sido uno de los más intensos debates desde las últimas semanas de abril, tras los acuerdos alcanzados por El Partido Popular y Voz para gobernar Extremadura y Aragón, que incluyen una propuesta de Vox: aplicar “la prioridad nacional” para la concesión de ayudas y beneficios en la respectiva autonomía. El 24 de abril la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, salía en contra, advirtiendo que cualquier gobierno autonómico que tenga la “tentación” de aplicar la ‘prioridad nacional’, que plantea Vox para anteponer a los españoles en el acceso a prestaciones públicas, “tendrá al Gobierno de España enfrente”: “Lo vamos a combatir no solo políticamente, sino también a través de los mecanismos que permite la ley, que es denunciar ante el Tribunal Constitucional (TC) los incumplimientos de la Constitución”.
Pero lo cierto es, como informaba esos días El Español, que prácticamente todas las CCAA (también las gobernadas por el PNV y PSC) aplican actualmente criterios de arraigo en la concesión de todo tipo de ayudas. Durante la etapa de Patxi López como lehendakari, el Gobierno vasco fijó tres años de residencia o arraigo para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Es una práctica habitual en todas las CCAA, desde Navarra a Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Pero el PSOE la califica ahora de «infamia» -concluía El Español-, porque Vox ha decidido bautizarla como «prioridad nacional» en sus pactos autonómicos.
Un análisis muy completo del tema lo daba Manuel Llamas el fin de semana del 25, en Esradio comentando los acuerdos PP-Vox y el debate de la «prioridad nacional». “Es perfectamente legal -decía-. El criterio de arraigo está extendido en ayuntamientos y comunidades donde exigen un mínimo de años de empadronamiento para acceder a ciertos recursos públicos -de hecho en algunas regiones los requisitos son incluso mayores: Canarias por ejemplo exige doce años de residencia en las islas para acceder a vivienda pública y esto no solo pasa en comunidades del PP, prueba de ello es que la consejería de vivienda del gobierno vasco, en manos del PSOE, acaba de elevar de uno a tres años el empadronamiento exigido para acceder a vivienda social. ¿Se puede saber entonces por que tres años está bien y no cinco o diez como exigirá ahora Extremadura? Ahora bien, cosa diferente es que PP y Vox quieran ir más allá en caso de llegar a la Moncloa para extender este u otro criterio de prioridad nacional para acceder a servicios como la sanidad o la educación o prestaciones de carácter estatal; eso para empezar exigiría modificar la ley de extranjería que hoy por hoy no hace distinción entre residentes legales, ya sean nacionales o extranjeros. El principal criterio que aplica actualmente el gobierno de Sanchez para acceder a servicios o ayudas es la situación económica y social del solicitante sin tener en cuenta su origen, pero aquí, de momento, no hay nada cerrado: los populares insisten en el criterio de arraigo sin distinguir nacionalidad tal como se ha pactado en Extremadura y Aragón, sin quebrantar las leyes; pero justo es eso lo que quiere Vox, cambiar la ley de extranjería si llegan al Gobierno, así, además de extender el criterio de arraigo a nivel estatal, proponen repatriar a los ilegales y a los emigrantes que no contribuyan con su trabajo a la economía del país ya que tienen un alto coste para las arcas públicas y por tanto para todos los contribuyentes; también plantean limitar el acceso universal a la sanidad pública de modo que inmigrantes ilegales y turistas tan solo puedan ser atendidos de forma gratuita en caso de urgencia o de vital necesidad, quieren que las ayudas o pensiones asistenciales, las que se dan sin necesidad de cotizar, se reserven únicamente a españoles y por último que se tenga en cuenta todo el patrimonio de los extranjeros en España y en otros países para tener derecho a asistencia jurídica gratuita.
Esto es -continuaba Esradio- lo que Vox entiende por prioridad nacional, quieren que los recursos de los españoles estén destinados a garantizar las necesidades de los españoles. En realidad no es que los españoles estén discriminados en el reparto de ayudas por ser españoles, sino que, como el único criterio que se aplicaba hasta ahora era el económico y muchos inmigrantes están en paro o cobran muy poco, los extranjeros salen beneficiados en la concesión de vivienda pública y prestaciones; el criterio de arraigo pactado a nivel autonómico vendría a corregir esta discriminación en favor de los españoles de rentas más bajas.
En la Unión Europea -seguía Llamas- también es así, la carta magna establece determinados criterios distintos para según qué habitantes, como por ejemplo el derecho a voto y prestaciones asistenciales, y por tanto arraigo y nacionalidad pueden usarse como criterios válidos de baremación. Tanto es así que, hasta en la Unión Europea, donde rige el libre movimiento de personas, aceptan que los países miembros fijen distintas condiciones de arraigo e incluso de autosuficiencia económica para conceder el permiso de residencia y determinadas ayudas a otros ciudadanos europeos, y si esto es válido para los europeos, cómo no se va a poder aplicar a extranjeros de fuera de la Unión europea. De hecho varios países europeos aplican la preferencia nacional como criterio de acceso al estado del bienestar : Francia, Hungría , Polonia, Austria, Holanda, Italia o Dinamarca, son ejemplos, en todos exigen requisitos de integración y largos periodos de residencia para acceder a prestaciones y vivienda social aunque no se discrimina de forma explícita por nacionalidad. De lo que se trata aquí es de establecer condiciones más o menos lógicas y razonables para acceder a los servicios públicos ya que todo recurso es por naturaleza escaso. El Estado no es una ONG y los españoles no tienen por qué mantener con sus impuestos a todos los pobres del mundo ni a todos los inmigrantes que llegan al país. Hay que establecer límites, eso no es debatible, la cuestión es cuales, Porque el problema de fondo no es la falta de nacionalidad sino la falta de integración y las restricciones necesarias al fuerte incremento de población de los últimos años. Lo que preocupa a los españoles es la escasez de vivienda, la degradación de los servicios públicos , la delincuencia y el tener que mantener con sus impuestos a millones de personas que no trabajan aún pudiendo trabajar”
La respuesta de Azcón a Sánchez
A todo esto, Azcón replicaba a Sánchez: No puede rechazar la prioridad nacional cuando privilegia a Cataluña con la financiación. Como explicaba Europa Press, Azcon confía en sacar «cuatro presupuestos» y recrimina al presidente del Gobierno carecer de ellos y agarrarse al poder para seguir en Moncloa.
“El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tratado de desacreditar este viernes las críticas de Pedro Sánchez contra la «prioridad nacional» que han incluido PP y Vox en los pactos firmados en Extremadura y Aragón, puesto que considera que el socialista es quien da privilegios a los independentistas catalanes con la financiación autonómica, estableciendo así españoles de primera y segunda.
Así lo ha sostenido Azcón en una entrevista en ‘Tele 5’, recogida por Europa Press, en la que ha criticado que Sánchez «se ponga a hablar de españoles de primera y de españoles de segunda», cuando es él quien «está dando un sistema de financiación privilegiado a los independentistas» para que «tengan más medios económicos».
De esta manera, ha respondido a las críticas hacia el pacto que ha firmado con Vox con el que han acordado la investidura del ‘popular’ en la cámara regional aragonesa.
Además, ha dejado claro que la «prioridad nacional» –medida que contempla brindar ayudas primero a quien tenga más arraigo a la región– «siempre va a ser de acuerdo con la legalidad» y ha cargado contra el jefe del Gobierno por quedarse con una parte del acuerdo, «en lugar de contar el todo».
No todo lo firmado estaba en su programa
Por otro lado, ha admitido que «es evidente» que no todo lo firmado estaba en su programa electoral, ya que la falta de una mayoría absoluta le ha llevado a tener que llegar a acuerdos en los que se reflejen «los valores de los programas políticos» tanto del PP como de Vox.
Asimismo, interpelado por la relación de su nuevo Gobierno en coalición con Vox y los inmigrantes –que suponen el 20 por ciento de los temporeros de Aragón– Azcón ha aseverado que «eso es lo que quiere la izquierda, generar miedo».
Finalmente, ha dicho tener esperanza en sacar «cuatro presupuestos adelante» durante la legislatura y ha señalado al presidente del Gobierno por carecer de presupuestos y agarrarse al «poder por el mero hecho de seguir durmiendo en la Moncloa».
Abascal se defiende
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a cargar contra la jerarquía eclesiástica después de que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, descalificara la idea de la “prioridad nacional” ―la discriminación de los inmigrantes respecto a los españoles en el acceso a ayudas y servicios públicos―, defendida por Vox y aceptada por el PP.
“Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria”, ha escrito el líder de Vox en la red social X sobre un vídeo con las palabras del portavoz de los obispos. En unas declaraciones muy medidas, García Magán dijo este viernes: “La Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este ni de ninguno Y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir y eliminar al otro. En eso la Iglesia no está ni puede estar ni estará nunca. Nuestra mira y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, el bien común, que es el amor al prójimo y el prójimo no es el que es de mi propio partido solo, no es el que es de mi país, de mi lengua. Ni siquiera el que es de mi religión”.
Este es el segundo choque de Abascal con la Iglesia en esa semana. Antes había cargado contra el prelado de Canarias, José Mazuelos Pérez, quien, en alusión a la ultraderecha, dijo el pasado miércoles: “A algunos habría que meterles cinco días en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, antes de hablar de lo que hay que hacer con los migrantes”. La respuesta del líder de Vox a través de las redes sociales no tardó en llegar: “Algunos que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”.
La tensión entre la Iglesia y Vox subió varios grados después de que el partido ultra haya asegurado que sus pactos con el PP en Extremadura y Aragón supondrán la ruptura de los acuerdos que los gobiernos autonómicos tienen con Cáritas Diocesana, la ONG que canaliza la ayuda social de la Iglesia, para asistir a los inmigrantes. A poco más de un mes de la visita del Papa a España, el PP se ha apresurado a negar esta interpretación. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y condición, pueden estar completamente tranquilas porque no van a perder las ayudas”, ha dicho el secretario general de los populares, Miguel Tellado.
La postura del PP
El PP defiende que «cualquier persona razonable» firmaría los pactos con Vox. Ester Muñoz anticipa que Juanma Moreno también los suscribiría porque su contenido es «perfectamente legal». Recogía, de la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el diario La Razón el 15 de abril : La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, defiende los pactos de su formación con Vox en Extremadura y Aragón, unos acuerdos que según pone de manifiesto «cualquier persona razonable que lee» podría firmar, incluido el presidente de la Junta de Andalucía y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno.
Muñoz se ha pronunciado así en una entrevista en el programa «Parlamento» de Radio Nacional de España al ser preguntada por las manifestaciones del presidente andaluz en relación a que Vox no tiene «equipos preparados» para gobernar la comunidad al pedir el voto a los electores de centroizquierda que no quieren «líos» con los de Santiago Abascal.
La dirigente del PP ha defendido los acuerdos con Vox que han hecho a María Guardiola presidente de Extremadura y harán a Jorge Azcón presidente de Aragón y ha llamado a leer su contenido porque es «perfectamente legal, razonable y responsable».
Sin embargo, ha lamentado que «mucha gente» los haya criticado, sobre todo por el asunto relativo a la «prioridad nacional,» sin tan siquiera habérselo leído. Entre ellos, ha citado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien ha acusado de haber «mentido» a los españoles al asegurar el pasado miércoles en el Pleno del Congreso que el PP había aprobado con Vox que «un bebé no tuviera atención sanitaria si tenía una emergencia».
«Meterle miedo a la gente»
«Eso es mentir y meterle miedo a la gente», sostiene, añadiendo que el PP ya tuvo que sufrir estas «patrañas» en 2023, cuando el PSOE decía que los pactos con Vox «meterían a las mujeres en casa para que limpiaran y plancharan».
Muñoz ha recalcado que el PP entiende el principio de «prioridad nacional» se basa en el «necesario» arraigo al territorio y que por eso esta semana rechazaron en el Congreso una moción en la que Vox «sobrepasaba» la ley y la Constitución. Una moción que, ha subrayado, defendía dar prioridad a los españoles a la hora de acceder a los servicios y ayudas públicas. A ese texto, ha recordado, el PP presentó, sin éxito, una enmienda que recogía «literal» el acuerdo firmado en Extremadura.
Muñoz entiende que los de Santiago Abascal pretendían demostrar que su posición política va «mucho más allá» del acuerdo con el PP, pero ha recalcado que una cosa es lo que dice Vox «y otra es lo que firma el PP». «Y no vamos a excedernos de lo que significa el arraigo y que está firmado en el acuerdo», ha apostillado.
Preguntada sobre si cree que estos pactos suponen un balón de oxígeno para Vox, Muñoz ha dicho que lo único que sabe es que «los extremeños pidieron un Gobierno de derechas presidido por María Guardiola, con el apoyo de Vox, eso es lo que les hemos dado», lo mismo que en Aragón con Jorge Azcón.
A la portavoz de los populares en el Congreso también se le ha planteado si su partido se está equivocando oponiéndose a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, en contra de lo que promulgan la patronal y hasta el propio Papa León XIV. A este respecto, ha subrayado que este proceso está generando «caos», como el propio Antonio Garamendi ha admitido y como el propio Gobierno, a juicio de la diputada por León, pretendía generar.
«Al Papa hay que escucharle siempre»
Y, sobre León XIV, la dirigente del PP ha destacado que, en su viaje a África, está haciendo un discurso «contrario» al «efecto llamada que está provocando el Gobierno» al decirle a los jóvenes que no emigren y que hagan «grandes» sus países. «Yo creo que al Papa hay que escucharle siempre, no a beneficio de inventario, y no tergiversar sus palabras», ha aseverado.
Muñoz ha remarcado que comparte con el sumo pontífice que «hay que cuidar a los inmigrantes como seres humanos», pero ha matizado que la regularización administrativa de cómo se entra en un país es una cuestión de los gobiernos civiles».
El PP, ha puesto en valor, defiende que una política de migración «legal, ordenada, pensada, meditada y pactada con todas las administraciones es beneficioso no sólo para los españoles, sino, por supuesto y en primer lugar, para los inmigrantes» porque «no favorece a las mafias, que es lo que este Gobierno está haciendo indirectamente».
Preguntada sobre si cree que la petición de elecciones de Junts responde a que tampoco le ha gustado nada la regularización extraordinaria de inmigrantes, Muñoz ha señalado que es «evidente» que esta medida afecta a Cataluña y, por ende, a los de Carles Puigdemont «le puede afectar electoralmente». «Junts muestra necesidad de elecciones, pero hasta el momento no ha ido más allá», ha constatado.
