Presionado por la movilización social, el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, anunció el acuerdo con su coalición política de “iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución” y sostuvo que “la mejor fórmula es trabajar sobre la base de un congreso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía”.

Una fórmula para elegir una nueva instancia de negociación político-partidista. La demanda ciudadana expresada en las calles (y en oficinas) es una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, integrada ésta necesariamente con participación directa de la ciudadanía y candidatos de diversos sectores sociales.

Blumel anunció también “un diálogo amplio con todos los sectores y fuerzas sociales”, lo que recuerda los simples encuentros vecinales no vinculantes organizados por Bachelet, coordinados por su gobierno y traducidos en un proyecto de ley redactado por el mismo.

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente –el partido más pinochetista-, Jacqueline Van Rysselberghe, se mostró titubeante en una entrevista a una radioemisora capitalina, insistiendo en que “primero hay que ver qué se quiere cambiar”, en tanto el presidente de Renovación Nacional –el otro partido fuerte de la derecha-, Mario Desbordes, advirtió que “todos tenemos que ceder”.

Está en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional presentado por la oposición, que permitiría la convocatoria a la ciudadanía para resolver mediante un plebiscito si desea o no una nueva Constitución y si preferiría o no una Asamblea Constituyente. Su aprobación, según los elevados quórum de la Constitución vigente, requiere de al menos las tres quintas partes de los parlamentarios en ejercicio en ambas cámaras, mayoría que el actual oficialismo históricamente no ha estado dispuesto a dar y tampoco los actuales opositores, hasta ahora, a presionar por ella.

J.F.S.