En 2009, durante su primer mandato, Michelle Bachelet recibió una petición formal del candidato presidencial, también socialista, Jorge Arrate, destinada a que se instalara una cuarta urna en las elecciones de ese año para que la ciudadanía se pronunciara sobre una asamblea constituyente para una nueva Constitución. En 2013, cuando postulaba al segundo, un sector de sus adherentes impulsó una campaña para marcar el voto con las iniciales “AC”, como antes lo había hecho un movimiento independiente encabezado por el sociólogo Gustavo Ruz y el abogado de derechos humanos Roberto Garretón.
Tanto la Presidenta como la candidata guardaron, sin embargo, riguroso silencio. Después de ganar un segundo período con más del 60 por ciento de los votos, Bachelet impulsó un conjunto de reformas con su coalición “Nueva Mayoría”, sucesora de la Concertación. La más ambiciosa fue su llamado a participar en encuentros vecinales coordinados por su administración, con el fin de debatir y generar ideas para una nueva Carta Fundamental. Aunque se le llamó proceso constituyente, los acuerdos ciudadanos no eran vinculantes y se les dio el trámite normal de un proyecto de ley, que fue enviado finalmente al Parlamento.
La derecha se negó a tramitarlo y ahí quedó el intento.
El estallido social, no obstante, impuso otras condiciones a la “clase” política y se llegó a lo que ya se conoce: un plebiscito de entrada, un órgano redactor ciento por ciento elegido, paritario, con escaños reservados a pueblos originarios y una participación equitativa de los independientes en la elección de convencionales. Y el resultado fue tanto o más “revolucionario”.
La propuesta de nueva Constitución define a Chile como un estado plurinacional, modifica el sistema político y crea un sistema regional descentralizado y un nuevo sistema jurisdiccional, lo que ha despertado alarma, si no ira, en sectores conservadores de la tradición político-económica oligárquica y también en neoliberales incondicionales del mercado y la libertad individual, quedando el Estado Social de Derecho y numerosas garantías de los que carece la normativa vigente en un lugar menos que secundario dentro de la sesgada agenda pública.
El ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, que hablaba de “más Estado” durante su segundo intento en 2009, ya se pronunció por el rechazo. El ex Presidente Lagos se limitó a proponer cambios ausentes de la reforma constitucional que él mismo firmara en 2005 (Constitución Pinochet-Lagos, en la práctica). Y el ex Presidente Piñera, quien convocó, presionado, al proceso constituyente, se ha mantenido hasta ahora en silencio.
Es su derecho, pero eso no les libra de una renuncia: la actual propuesta de Constitución ha sido la única redactada durante un proceso constituyente auténticamente democrático en la historia de Chile.
Aprueba
La ex Presidenta Bachelet –Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos saliente- ha preferido otro camino. “Tendremos una nueva Constitución, porque es lo que la ciudadanía pide y necesita”, afirma en su carta abierta dada a conocer por su fundación, Horizonte Ciudadano, el sábado 23. “Confío en que aprobar esta nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos”.
“Apruebo tener una nueva Constitución que nos dé herramientas para cambiar, al fin, todo lo que haya que cambiar”, agrega.
Reconoce también a la Convención Constitucional, vilipendiada por la derecha: “Con particular alegría, apruebo tener una nueva Constitución escrita por la primera convención 100% (sic) paritaria en el mundo, que defiende y promueve a las mujeres con todos nuestros derechos y capacidades”.
Con su declaración, Bachelet no sólo ha manifestado su aprobación a un nuevo texto constitucional, sino que ha aceptado el único proceso constituyente plenamente democrático del país y se juega ahora esperando que su resultado sea también histórico.
J.F.S.
Fuente principal: @h_ciudadano
