Uno de los mayores escándalos urbanísticos de la Comunidad de Madrid, por cuanto supone de conculcación del bien común y su impunidad, tiene lugar desde hace 30 años en la urbanización «La Berzosa», núcleo residencial del municipio de Hoyo de Manzanares, en la sierra noroeste de la Comunidad, donde más de trescientos propietarios han «ampliado» sus chalets por el contundente procedimiento de apropiarse de los terrenos colindantes, calificados como zonas verdes de uso y dominio público y pertenecientes al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Durante todo ese tiempo, ninguno de los Gobiernos de la Comunidad madrileña, desde el socialista Joaquín Leguina a la popular Esperanza Aguirre, pasando por Ruiz Gallardón, han movido un dedo para resolver el gravísimo asunto de las «apropiaciones indebidas» en «La Berzosa», a pesar de que entre los más de 1300 propietarios de la urbanización se cuentan -o se han contado- conocidas personalidades del Gobierno, la política, las finanzas, la judicatura y hasta de los medios de comunicación. El primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, el ex ministro de Sanidad con el PP, Romay Beccaría, el ex director del CESID, Javier Calderón, la locutora Paloma Ferre o el conocido «hombre del tiempo», Juan Antonio Maldonado son, o han sido, vecinos de «La Berzosa».
Tampoco durante 25 años de gobiernos locales democráticos, con alcaldes de todo signo -independientes, populares y socialistas- como Fernando Esteban, el actual alcalde, -que gobierna en coalición con la agrupación electoral HST (Hoyo Somos Todos) e Izquierda Unida-, han resuelto un solo expediente contra los infractores, ni han puesto tan graves hechos en conocimiento del Gobierno autonómico, ni de los tribunales de Justicia.
Finalmente, ante la desidia general, una vecina -hace más de cinco años (marzo de 2000)- se armó valor y de razones y personalmente denunció los hechos ante Emilio Valerio, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, la denuncia duerme el sueño de los justos. Todavía no ha servido para que el Alto Tribunal -tan diligente en otros casos-, se pronuncie, ni mucho menos para que tome cartas sobre el asunto y obligue a los presuntos delincuentes a restituir lo «indebidamente apropiado», imponiendo las sanciones penales o administrativas que correspondan a los autores de la rapiña.
Con la perspectiva de la aprobación del nuevo PGOU -Plan General de Ordenación Urbana- del municipio, y la urgencia y la gravedad de los hechos, al Gobierno municipal no se le ha ocurrido otra cosa mejor que insistir en el error y recrear la «comisión de investigación» que con tan nulos resultados se constituyó la pasada legislatura con representantes de los diferentes grupos políticos municipales para «regularizar» -por su cuenta y riesgo- las ocupaciones. Ante el estupor de los vecinos, Fernando Esteban ha propuesto como imaginativa solución de las apropiaciones la venta, a precio de mercado se supone, de los terrenos robados a quienes se los apropiaron, imponiéndoles, eso sí, «una fuerte sanción».
Tan fantástica solución «reguladora», que ya se contempló en la pasada legislatura, además de descabellada y absurda -aún no está en venta el Parque Regional-, sentaría un inquietante precedente legal y supondría una flagrante violación de la Ley y de la Constitución, cuyo artículo 45 ampara los derechos de terceros a usar del medioambiente y obliga a los poderes públicos a su defensa y conservación. La mayoría de los vecinos de «La Berzosa» -honrados y cumplidores de la Ley- están indignados. Esperemos que la Justicia, por fin, actúe.