Mil muertos se revuelven en sus tumbas


Con los votos de nacionalistas, comunistas y batasunos, se consumó en el Parlamento vasco la crónica de una insurrección anunciada. Dicen que el Plan Ibarreche cogió al Gobierno socialista con el paso cambiado. Que Zetapé no esperaba esta falta de talante del lendakari. No me lo creo. Conociendo el paño, el respaldo en Vitoria al plan soberanista de Ibarreche sólo ha sido otro hito en la conocida hoja de ruta diseñada por el PNV y sus socios de Batasuna para alcanzar la meta de la independencia de las Vascongadas.

Por eso no ha habido sorpresa. Ni inocencia. Porque las etapas anteriores de esta ignominiosa carrera se cubrieron con la cooperación necesaria del PSOE y de sus socios, urdiendo una Ley Orgánica que modifica el Código Penal para evitar el ingreso en prisión de quienes convoquen referéndums delictivos -como el de autodeterminación de las provincias vascas- o que permita que partidos políticos ilegales, como Batasuna -alias Partido Comunista de las Tierras Vascas– sean despenalizados.

Y para mayor escarnio, que continúen disfrutando de una generosa financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sin olvidar la burla del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Tribunal Supremo, ordenando el archivo de la querella contra Juan María Atucha, lo que ha permitido al brazo político de ETA sentarse en el Parlamento vasco, y con la ayuda de sus votos, aprobar el Plan Ibarreche.

Las etapas siguientes del proceso independentista se van quemando a marchas forzadas. Iniciadas las negociaciones con la «cumbre» entre Zapatero e Ibarreche en la Moncloa, ETA y Batasuna, Batasuna y ETA, tanto monta, han hecho oír su voz, enviando sendas cartas-trampa al presidente de Gobierno. Si las conversaciones avanzan por el buen camino de la independencia y del respeto a la voluntad de los terroristas y de quienes les amparan, ETA anunciará una tregua de bombas y de tiros en la nuca. De lo contrario reconducirá el proceso «negociador» como acaba de hacer en Ávila. Es su forma habitual de impulsar el diálogo. Por su parte, Arnaldo Otegi se ofrece a «acompañar» a Rodríguez Zapatero en el caso de que decida «apostar» por una solución del «conflicto vasco», mientras propugna una «desmilitarización multilateral del conflicto» y la excarcelación de etarras.

En el bloque de los presuntos constitucionalistas, la respuesta no se ha hecho esperar. Empezando por el ofrecimiento de diálogo del mismísimo Parlamento, si cesa la violencia, claro. La misma letanía monocorde -vergonzante y banal- de las solemnes declaraciones de diversos dirigentes del PP y del PSOE que, muy dignos, condicionan el «diálogo» a que ETA deje de matar y a que Batasuna condene los actos terroristas. Como si esas hipócritas exigencias devolvieran la vida a los mil hombres, mujeres y niños asesinados por ETA. O aliviaran en algo la tragedia y el dolor de las decenas de miles de heridos, viudas y huérfanos que ha causado el terrorismo etarra.

Al parecer la firme aplicación de la ley, la persecución policial -y mucho menos el cumplimiento íntegro de las condenas- no son síntomas de buen talante, ni manifiestan un deseo sincero de alcanzar la «pacificación» del País Vasco. Lo que se pretende es pasar página. Eludir la actuación de los Tribunales de Justicia. Evitar el cumplimiento de las penas previstas en nuestro Ordenamiento jurídico para quienes lo vulneran. O sea, imponer la vía política para lograr la carambola de un acuerdo que de fin al terrorismo etarra e impulse la negociación de la independencia de las Vascongadas como peaje inexcusable -chantaje miserable- para alcanzar la «paz». ¿Vivimos en un Estado democrático de Derecho? Mil muertos se revuelven en sus tumbas.

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