«Donde hay poca justicia es un peligro decir la verdad». Esta frase, terrible, profética y certera como un dardo clavado en la diana, la escribió Francisco de Quevedo y Villegas hace 400 años. La vigencia universal de este “axioma” quevedesco, su rabiosa actualidad cuatro siglos después de su enunciado -sin fronteras de espacio ni de tiempo-, resume en una sola frase la genialidad de su autor, aristócrata, político, escritor y poeta inmortal.
Hombre comprometido y espíritu valiente, Quevedo, por su obstinación en defensa de la verdad y su intransigencia ante la injusticia y los atropellos del poder, fue desterrado, perseguido y encarcelado por Felipe IV y su valido, el Conde Duque de Olivares.
Así lo demuestra en uno de sus versos más conocidos:
No he de callar por más que con el dedo
Ya tocando la boca, ya la frente,
Silencio avises o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
El nombre de este personaje ilustre de nuestra Historia y nuestras Letras -y su acreditada valentía frente al poder establecido-, me ha hecho recordar a otro Francisco, de no menos nobleza y valentía en defensa de la verdad, y también perseguido por la justicia por atreverse a denunciar públicamente los efectos perversos de una ley injusta, como la denominada de «Violencia de Género», ley que margina y criminaliza al conjunto de los españoles (varones) por el mero hecho de serlo. Me refiero a S. Sª D. Francisco Serrano Castro, titular del Juzgado de Familia nº 7 de Sevilla, a quien recientemente el Consejo General del poder Judicial le ha abierto un expediente disciplinario por vulnerar, presuntamente, el régimen de incompatibilidades de la carrera judicial.
Las víctimas de una ley tan inicua como la mal llamada -y peor parida-, Ley Integral de Violencia de Género, le debemos a este juez ejemplar nuestro respeto y gratitud. Pero toda nuestra admiración y reconocimiento por su labor impagable en favor de casi un millón de hombres maltratados y perseguidos por la execrable LIVG debe traducirse en un apoyo real. Por ejemplo, sumándonos a la Plataforma Ciudadana por la Igualdad que él preside.
Y es que a veces me entran serias dudas de que entre los muchos apoyos al juez, y contra la LIVG, que leo en diferentes medios de prensa y redes sociales sólo unos pocos se correspondan con personas reales, y que el resto no sean más que meros «mutantes» Si no, dada el enorme número de afectados no se explica la falta de compromiso ético y de rebeldía ciudadana frente una ley tan monstruosa; una ley profundamente injusta, sexista, discriminatoria, arbitraria y anticonstitucional; una ley que viola los derechos humanos de los españoles (varones) por el mero hecho de serlo; una ley que en menos de un lustro ha llevado a la cárcel, automática y preventivamente, a más de 850.000 hombres víctimas de denuncias falsas; una ley que los destierra y los aleja de sus hijos; una ley que aniquila las naturales e imprescindibles relaciones afectivas paterno filiales y con resto de familia paterna; una ley que vulnera principios fundamentales, como el de igualdad ante la ley y el de presunción de inocencia, pilares de un Estado Democrático y de Derecho.
Sepan, señores del Gobierno y de las Comunidades Autónomas (también la Junta de Andalucía), que junto a nuestras familias somos cerca de 4 millones las víctimas de una ley tan atroz los que exigimos una solución a esta monstruosidad jurídica que persigue y criminaliza a la mitad de la población española, los varones, por el mero hecho de serlo.
Y sepan también todos los partidos políticos -cómplices de aprobar por unanimidad tan execrable ley-, que a pesar de nuestras simpatías por una determinada opción política, nuestro voto no es rehén de ningún partido y que se lo otorgaremos a quien mejor defienda nuestras aspiraciones e intereses, entre ellos la derogación de una ley tan injusta. O dicho de otra forma: que no votaremos a ningún partido que en su programa electoral no incluya la inmediata derogación de la LIVG o, en su defecto, una modificación sustancial que elimine el concepto «de género» de nuestro ordenamiento, que incluya y penalice el maltrato en el ámbito familiar y doméstico sin distinción de sexo y que, con todas las garantía legales, ampare por igual a hombres, mujeres, ancianos y niños.
Claro que nada es gratis. Todo esto tendremos que exigírselo a nuestros gobernantes para que nos tengan en consideración y escuchen nuestras demandas. Como primer paso todos los afectados y nuestras familias tendremos que movilizarnos y convocar una manifestación nacional donde proceda (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla serían buenas candidatas) en apoyo al juez Serrano y contra la LIVG. ¿Lo conseguiremos?
