(PD/Agencias).- Definitivamente son malos tiempos para la NASA. Aún no se han apagado los ecos por el caso de la hasta hace poco astronauta Lisa Nowak, juzgada y abochornada por intentar agredir a una colega que era su rival en el amor de otro astronauta, cuando la agencia espacial norteamericana ya tiene otra cita en los tribunales.
El próximo día 24 se celebrará en un juzgado federal de Los Angeles la vista previa para dirimir el pleito contra la agencia espacial norteamericana que han puesto 38 científicos e ingenieros empleados en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena.
Todos ellos acusan a la NASA de exigirles unas medidas de seguridad excesivas, ridículas y que vulneran clamorosamente sus derechos civiles.
El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) es una empresa adscrita a la Agencia Espacial estadounidense.
Más de 5.000 de sus trabajadores no son funcionarios ni empleados del gobierno, sino que cobran su sueldo de empresas privadas y de universidades. Este colectivo es el que ha puesto el grito en el cielo cuando la NASA les comunicó sus nuevas exigencias para expedir sus credenciales de seguridad, que incluían desde bucear en su pasado profesional y económico, hasta dar autorización para preguntar a amigos y vecinos.
Lo más llamativo es que también se requiere dar información sobre la propia orientación sexual. Esto último es quizás lo que más atónito ha dejado a un personal cuya tolerancia a los rigores de la seguridad ya ha sido reiteradamente puesta a prueba desde el 11-S. Pero lo de ahora les parece sencillamente inasumible.
