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De lo que se trata es de pensar en los cargos y eso sólo viene garantizado por ganar elecciones. Y como lo ‘políticamente correcto’ granjea simpatías, el Gobierno Rajoy actúa en consecuencia.
El Gobierno no renovará la licencia de explotación de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.
Así lo ha comunicado este 1 de agosto de 2017 el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, tras seis meses de deliberaciones en las que el Ejecutivo ha dado audiencia a las partes afectadas.
Su decisión implica el cierre definitivo de la planta casi 46 años después de su inauguración.
La decisión no ha sorprendido dado el escenario convulso en el que se debía adoptar. La planta, envuelta en debates en los últimos años por si continuaba o no, ha dividido a la distintas fuerzas políticas y el Gobierno habría estado solo si hubiera optado por alargar la vida de la central.
Asimismo, también se había llegado a la ruptura de las dos socias propietarias de la misma. Iberdrola quería desistir por los costes -entorno a 150 millones- que implicaba su puesta en marcha de nuevo -lleva en parada desde diciembre de 2012- además de por la carga impositiva que soportan las nucleares y que fue el motivo por el que se optó por parar el reactor hace cuatro años y medio.
Por su parte, Endesa, la otra dueña de Garoña, quería esperar a que se pronunciara el Gobierno, por si la decisión hubiese sido la de alargar la vida de la planta con condiciones empresariales más favorables.
La división entre las socias llevó incluso a que hace unas semanas cuando el Gobierno solicitó alegaciones a las partes, no llegaran a presentar sus propuestas.
Entre las agrupaciones e instituciones que sí manifestaron su postura, sólo la Junta de Castilla y León y parte del entorno local de la planta se mostraron a favor de que el reactor volviera a estar en marcha.
