La escena se repite, pero cada vez tiene más peso: batas blancas, pancartas y gritos frente al Ministerio de Sanidad.
Desde hoy, 9 de diciembre de 2025, los médicos inician una huelga nacional que se extenderá durante cuatro días, la tercera gran movilización estatal en menos de un año, en respuesta al borrador del nuevo Estatuto Marco que impulsa la ministra Mónica García.
No se trata de una protesta cualquiera.
Los sindicatos advierten que estamos ante una situación “inédita” en los últimos 30 años: desde mediados de los noventa no se habían encadenado paros de tal magnitud en toda España, ni había existido un nivel de tensión tan elevado entre el colectivo médico y el Gobierno central.
La huelga ha sido convocada a nivel nacional para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, afectando hospitales y centros de salud en todas las comunidades autónomas.
De acuerdo con lo comunicado por CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA):
- Los paros abarcan desde el martes hasta el viernes, impactando en consultas, pruebas y cirugías programadas.
- Se han organizado manifestaciones y concentraciones en todas las autonomías, destacando una gran marcha en Madrid que irá del Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad.
- Esta es la tercera huelga general de médicos en 2025, tras las movilizaciones nacionales del 13 de junio y del 3 de octubre.
Además, los sindicatos han anunciado una huelga indefinida a partir del 27 de enero de 2026, lo que anticipa un conflicto prolongado si no hay un cambio significativo en las negociaciones.
Mientras tanto, los servicios mínimos intentan mitigar el impacto. En Galicia, por ejemplo, el Diario Oficial establece un 100% de cobertura en urgencias, guardias, partos, UCI, diálisis y tratamientos oncológicos, además de exigir la presencia obligatoria de facultativos en todas las unidades hospitalarias para garantizar la atención urgente y las altas clínicas. El mensaje institucional es claro: asegurar lo esencial… aunque eso signifique retrasar prácticamente todo lo demás.
Qué reclaman los médicos: estatuto propio, jornada y guardias
El núcleo del conflicto radica en el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, una norma fundamental que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud y que no ha sido modificada a fondo desde 2003.
Los médicos no están discutiendo solo cuestiones menores; cuestionan la esencia misma. Entre sus principales demandas destacan:
- Un Estatuto Marco propio para la profesión médica
- Solicitan un marco diferenciado del resto de profesiones sanitarias, que reconozca la “singularidad” de su labor, sus responsabilidades y su formación.
- Exigen un ámbito específico para la negociación, donde su voz no se vea “diluida” entre otros colectivos.
- Defienden la creación de un subgrupo profesional A1+ dentro de la clasificación actual que refleje la duración y exigencia superior de su formación.
- Jornada y guardias
- Proponen establecer una jornada semanal de 35 horas, con cualquier exceso como actividad voluntaria y mejor remunerada que la hora ordinaria.
- Exigen que las guardias sean consideradas “actividad extraordinaria”, con retribución superior a la hora normal y contabilizadas como tiempo trabajado para efectos jubilatorios.
- Piden límites claros al número máximo de guardias y garantías para un descanso real tras ellas.
- Clasificación profesional y carrera
- Se oponen a ser equiparados con otros graduados sanitarios que cuentan con menos créditos académicos y sin especialidad médica. Esto les colocaría al mismo nivel formalmente.
- Exigen una regulación que reconozca la carrera profesional, así como estabilidad laboral y adecuación en las plantillas para mitigar la sobrecarga asistencial.
En definitiva, el colectivo ve el texto actual como una norma que no solo no mejora su situación laboral, sino que perpetúa desigualdades e incrementa una carga laboral acumulada a lo largo de los años.
Qué ofrece el Ministerio: mejoras parciales y un choque de relatos
Desde el Ministerio de Sanidad, presentan una versión muy distinta. El departamento dirigido por Mónica García argumenta que el nuevo Estatuto Marco ha incorporado “todas las demandas del personal sanitario dentro de su competencia”, tras más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga y comunidades autónomas.
Entre los cambios propuestos por el ministerio se encuentran:
- OPEs obligatorias cada dos años para reducir la temporalidad.
- Asegurar la movilidad profesional mediante un concurso anual para traslados.
- Disminuir la jornada máxima semanal a 45 horas, implementando mecanismos para prevenir sobrecargas.
- Transformar el modelo actual de guardias, reduciéndolas a 17 horas, con descansos obligatorios sin “deuda horaria”.
- Fomentar la conciliación familiar, regular plantillas y reconocer formación, docencia e investigación como parte integral del ejercicio profesional.
El Ministerio sostiene haber llevado su propuesta “al máximo desarrollo posible” dentro del marco legal básico estatal sin invadir competencias autonómicas. Además, advierte que bloquear esta reforma significaría “perder una oportunidad histórica” para actualizar una norma pendiente desde hace dos décadas.
Sin embargo, tanto para CESM como para otros sindicatos médicos estas mejoras resultan “insuficientes”, continúan siendo meramente continuistas e indiferentes a las verdaderas necesidades del colectivo laboral. Critican tres puntos esenciales:
- La propuesta no establece un Estatuto propio ni un subgrupo profesional específico para los médicos.
- Remite las negociaciones sobre guardias y retribuciones a las comunidades autónomas sin garantizar mejoras mínimas a nivel estatal.
- Propone crear una mesa técnica sin capacidad real para tomar decisiones efectivas; algo interpretado por los médicos como falta real de voluntad por realizar cambios profundos.
La distancia entre ambas posturas explica por qué las negociaciones están estancadas y cómo hemos llegado a esta tercera huelga nacional en menos de un año.
Un conflicto que ya es político… y territorial
El enfrentamiento va más allá del ámbito administrativo. Varios gobiernos autonómicos han criticado públicamente el borrador del Estatuto Marco. En Murcia, el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, ha solicitado directamente “retirar” este texto al considerarlo “sin rigor ni diálogo o consenso con los involucrados”. En Madrid, el equipo liderado por Isabel Díaz Ayuso lo ha calificado como “disparate”, acusando a Mónica García tanto de mentir como también cargar todo el peso del conflicto sobre las comunidades autónomas.
Las autonomías se lamentan porque el Ministerio promete mejoras sin ofrecer suficiente respaldo financiero y luego les transfiere la responsabilidad sobre su implementación cuando cuentan con presupuestos ajustados. Al mismo tiempo han establecido unos servicios mínimos muy elevados; en muchos casos superando el 50% e incluso alcanzando hasta el 100% en áreas críticas ante temores sobre un seguimiento masivo durante esta huelga justo cuando comienza la temporada gripal.
En las calles, los médicos denuncian exactamente lo contrario: afirman que se intenta minimizar el impacto del paro mediante servicios mínimos desproporcionados mientras siguen lidiando con agendas saturadas, guardias interminables y salarios que consideran poco acordes con sus responsabilidades profesionales.
Impacto en pacientes y sistema sanitario
Aunque muchas comunidades mantienen operativos los servicios esenciales como urgencias, partos o tratamientos oncológicos, ya se están produciendo:
- Aplazamientos en consultas tanto generales como especializadas.
- Retrasos significativos en pruebas diagnósticas programadas.
- Reprogramación necesaria para cirugías no urgentes.
Los sindicatos insisten en que su objetivo no es “castigar” a los pacientes; buscan forzar cambios estructurales que mejoren a medio plazo la calidad asistencial: más tiempo dedicado por paciente, reducción de listas de espera o personal médico menos agotado. Por su parte, el Ministerio destaca su esfuerzo por equilibrar el derecho a huelga con el derecho a recibir atención sanitaria; además enfatiza que muchas reivindicaciones económicas exceden lo contemplado dentro del marco legal básico estatal e involucran negociaciones autonómicas posteriores.
Ambas posturas dejan sobre la mesa una realidad incómoda: son los ciudadanos quienes asumen inmediatamente las consecuencias al ver cómo sus citas médicas u operaciones son aplazadas mientras este tira-y-afloja laboral-político amenaza con extenderse durante meses.
