El gigante farmacéutico Novartis ha decidido llevar ante la Justicia el fallo del Consejo General de Transparencia de España, que obliga al Gobierno a hacer pública la información sobre uno de sus tratamientos más innovadores, según recoge rt y comparte Paula Dumas para Periodista Digital.
El medicamento que está en el foco es Kymriah, aprobado por las autoridades españolas a finales de 2018. Se trata de un innovador procedimiento terapéutico utilizado para reconocer y atacar los tumores, que se utiliza contra la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años.
La campaña ‘No es sano’, en la que participan distintas organizaciones sanitarias y de consumidores, realizó una petición al Ministerio de Sanidad, a través del portal de Transparencia, para conocer su precio y los criterios terapéuticos y económicos que habían justificado su aprobación.
En enero de 2019, el Gobierno informó sobre su coste, que asciende a 320.000 euros por paciente, pero tan solo ofreció una información genérica sobre los criterios utilizados para fijarlo. Posteriormente, el Consejo General de Transparencia falló a favor de ‘No es sano’ e instó al Gobierno a facilitar toda la información por considerarla de interés público.
En este punto, Novartis ha decidido acudir a la Justicia para evitar el proceso a través de un recurso contencioso-administrativo.
El Consejo de la #Transparencia nos dio la razón cuando pedimos los criterios por los que se había aprobado una nueva terapia de Novartis, ahora la compañía intenta evitar en los tribunales que esa información llegue a la ciudadanía https://t.co/0c7W2zlzFJ
— No Es Sano (@noessano_org) October 28, 2019
Intereses comerciales contra intereses de la ciudadanía
«Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso», ha afirmado Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una de las organizaciones presente en la campaña de ‘No es sano’ que la representará en los tribunales en el recurso planteado por la farmacéutica.
Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, ha sostenido que «es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras, sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior».
El juzgado ha paralizado la entrega de información
Por su parte, la compañía opina que «en este procedimiento judicial se abordarán los límites al derecho de acceso a la información pública», según recoge la Cadena Ser. La multinacional mantiene que «si bien la legislación configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, este derecho debe ser ponderado y, en su caso, limitado cuando entra en conflicto con otros intereses protegidos».
Además, Novartis ha recordado que mientras el procedimiento judicial está en marcha «la única decisión que ha tomado el Juzgado es solicitar preventivamente al Ministerio que, en tanto no se resuelva la cuestión de fondo, no entregue la información al interesado».
