La pérdida de autoridad del Estado en instancias fundamentales para la democracia como la judicatura es tan profunda que una jueza de lo Contencioso Administrativo de Gerona ha fallado, en contra de las sentencias previas del Tribunal Supremo, que es legal desviar fondos públicos a organizaciones separatistas.

Ramona Guitart Guixer, una “juez singular”, es decir, que actúa unipersonalmente y no en una sala de tres jueces, falló en contra del Estado a pesar de otra sentencia provincial anterior y del Supremo, porque “el proceso separatista busca dotar de una identidad propia a la comunidad catalana”.

Un dicho catalán afirma que a veces hay que hacer “de puta y de Ramoneta”, que es tener doble vida, y esta jueza, Ramoneta familiarmente, ha renunciado a la ambigüedad: se prostituye ideológicamente como independentista, y podría prevaricar al sentenciar contra las leyes que juró o prometió defender.

El caso se inició con varios ayuntamientos catalanes que enviaban fondos públicos…

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